La delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Puebla podría imponer multas de hasta por 20 millones de pesos a las empresas Sare y Alteq por los daños ecológicos provocados a zonas boscosas con la construcción de los fraccionamientos Jardines de la Montaña y Galaxia La Calera.
Más allá de que se genere o no esa cuantiosa multa a dichas empresas, vale la pena reflexionar que dichas sanciones son un fuerte castigo para cualquier empresa, pero no han sido un medio eficaz para frenar la depredación que cometen compañías inmobiliarias.
Los consorcios inmobiliarios han desarrollado un esquema de construcción de casas en serie y en terrenos de bajo precio, sin importar que éstos se ubiquen en zonas de riesgo o en áreas verdes, así como en tierras ejidales o comunales, lo que les permite obtener ingresos que les genera altas ganancias y al mismo tiempo, amortizar todo tipo de costos, como son los derivados por procesos legales que enfrentan por violar normas de protección del medio ambiente o de otra índole.
Por tanto, el actual marco legal no ha resultado ser un medio eficaz para frenar la destrucción del medio ambiente, ya que los grandes consorcios cuentan con recursos suficientes para que no sean frenados en sus proyectos que depredan las zonas verdes.
Esta situación plantea la necesidad de reformar los actuales ordenamientos y que exista la voluntad política para encontrar vías efectivas que impida el avance de obras que se pretenden hacer en áreas de preservación ecológica. De lo contrario, dichas compañías seguirán actuando con absoluta impunidad.
