Puebla es el tercer estado del país con mayor pérdida y robo de armas de cargo, luego de que en los últimos ocho años se “extraviaron” 601 armas de fuego a los policías estatales durante algún operativo de seguridad, según un documento de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local.
Tan sólo durante el año pasado hubo un robo de 64 armas de diversos calibres a elementos policiacos amparados con licencia colectiva número 38 y de la que es titular la Policía Estatal Preventiva, lo que significa un incremento de 33.3 por ciento con respecto al año 2007, se indica en un informe de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado.
Asimismo, en 2008 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública perdió 23 revólveres calibre 0.38 SLP, de los cuales hasta la fecha se han omitido fechas de extravío o robo, motivos y tipos de sanción para los responsables de las armas.
Ante ello, este martes la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local, que sesionará en conjunto al gabinete de seguridad, exigirá al gobierno del estado los informes detallados sobre el armamento extraviado durante 2009, sobre los secuestros y homicidios cometidos en el último año y los avances sobre el Acuerdo Nacional por la Seguridad a un año y tres meses de su aplicación.
Durante la sesión de mañana martes, los diputados locales y los titulares de las secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil, así como de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), analizarán los pendientes en la materia, pues en lo que va del año se han registrado más de 24 actos delictivos en los que interviene de alguna manera el crimen organizado.
Entre los hechos más sobresalientes destacan los problemas que se han tenido al interior de los Centros de Rehabilitación Social (Cereso) de Puebla, donde el hacinamiento es de 48.83 por ciento, de acuerdo al documento que será analizado este martes.
El rubro más bajo, con apenas dos puntos en un tabulador de 10, se refiere al respeto a los derechos humanos que garantizan la integridad física y moral por el espacio designado para cada interno de los reclusorios, luego que su capacidad de mil 900 reclusos sobrepasa su límite, al albergar a más de 3 mil 400 personas.
De acuerdo con el documento en poder de La Jornada de Oriente, los integrantes del gabinete de seguridad también analizarán las razones por las que el Cereso de la capital poblana, el de Ciudad Serdán y el de Tepexi de Rodríguez registran una calificación sumada de 7.78 puntos en la escala de 10, lo que ubica al sistema penitenciario poblano por arriba de la media nacional.
Incluso, resalta la discusión pendiente sobre los hechos del 11 de febrero, cuando las autoridades de seguridad del estado detectaron en un operativo armas cortas y plantas de marihuana en el Cereso de San Miguel, de las cuales se omitieron precisar datos específicos sobre las cantidades exactas de los estupefacientes.
Otro de los pendientes del gabinete de seguridad se refiere a los informes detallados de la investigación resultante en contra del director del penal de Tepexi de Rodríguez, Julio César Mireles Silva, quien fue señalado el pasado 23 de septiembre como el presunto responsable de abusos de tipo laboral, sexual y psicológico hacia custodios y reos.
Además, el documento señala el apartado relacionado a la investigación en contra del director de Seguridad Pública de Tecamachalco, Jualberto Sánchez Valencia, quien fue consignado ante un juez por los delitos de tortura, privación ilegal de la libertad y abusos de autoridad, luego que el presunto responsable viajaba en estado de ebriedad –junto a dos policías más – en las inmediaciones del municipio cuando se vio involucrado en un zafarrancho.
Pendientes municipales
El primer punto a debate entre los funcionarios y los legisladores es la muerte de los cuatro policías municipales que fueron acribillados con rifles AR–15 y AK–47 desde un automóvil Volkswagen en el crucero formado por el bulevar Atlixco y del Niño Poblano, el pasado 27 de octubre.
Además, sobresale el caso del pasado 8 de abril, cuando granaderos y policías judiciales agredieron a periodistas y pobladores de la junta auxiliar de Santa María La Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, luego de tener retenido a un presunto ladrón de autos, a quien los lugareños amenazaban con linchar. La represión sucedió a pesar de que los vecinos habían accedido a liberar al supuesto delincuente.
Sin embargo, señala el documento, la PGJ informó que –por motivos de seguridad– tanto el número de lesionados como de aprehendidos fue reservado.
Asimismo, se detallan los informes que recaen entre los elementos de la Policía Judicial que se vieron involucrados en una balacera contra pobladores de la comunidad de Tochmatzintla, en el municipio de Huatlatlauca, tan sólo 15 días después de lo que sucedió en Tlacotepec de Benito Juárez.
Asimismo, está el asesinato de Mario Pablo Hernández Daniel, director de Industria y Comercio de la junta auxiliar de Cuautlancingo en la capital del estado, cuyo cadáver, con la cabeza embolsada, fue encontrado en la cajuela de un automóvil compacto cerca del bulevar Huejotzingo, el pasado 22 de junio.
La lista de pendientes sobre el crimen organizado en el estado suman 24 casos en lo que va del año, lo que será discutido por los integrantes del gabinete y de la comisión de seguridad pública y protección civil del estado.
