El ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Amador Leal, informó que este jueves inició la recolección de firmas en la Cámara Baja del Congreso de la Unión para que se promueva un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
En una rueda de prensa, junto con los representantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Puebla, el legislador llamó a la bancada poblana del Partido Revolucionario Institucional en San Lázaro a emitir su sufragio para que el órgano legislativo pueda presentar una controversia constitucional ante la justicia federal, pues indicó que esto solamente se podrá realizar si se recaban 251 firmas antes del 15 de diciembre.
Les pidió “no ceder a las presiones del gobierno federal” y defender el trabajo de los 2 mil poblanos que perdieron su empleo.
Señaló que si votan en contra de la promoción de la controversia constitucional estarían actuando en contra de la declaración de principios del tricolor.
Por su parte, Miguel Ángel Montiel Eslava, secretario del exterior del SME en la división de Nuevo Necaxa, se sumó al llamado del ex legislador y le demandó al gobierno estatal encabezado por Mario Marín Torres apoyar la controversia constitucional.
Reiteró que el movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas está totalmente apegado a derecho, y dejó claro que los electricistas no cederán en la lucha hasta recuperar las fuentes de trabajo que les arrebató el gobierno panista.
Manifestó su preocupación por las 500 personas jubiladas que trabajaban en Luz y Fuerza del Centro en la Sierra Norte, pues señaló que con la desaparición de la paraestatal no existe ninguna garantía de que les puedan seguir respetando sus pensiones.
De acuerdo con el proyecto de controversia constitucional sobre Luz y Fuerza que el Sindicato Mexicano de Electricistas le entregó a los diputados federales difundido por el periódico La Jornada “el Ejecutivo federal no fundamentó, ni motivó el decreto que liquida Luz y Fuerza”, y se privó al Sindicato Mexicano de Electricistas de todo el derecho de audiencia que consagra la Constitución.
El recurso de inconstitucionalidad argumenta que el decreto presidencial por el que se liquidó a la empresa violó los artículos cinco, ocho, 73 y 123 constitucionales.
Tampoco se tomó en cuenta al Congreso, facultado en la fracción décima del artículo 73 de la Constitución para legislar sobre energía eléctrica.
El artículo 5 establece el derecho al trabajo, y los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas no tuvieron posibilidad de audiencia, como lo estipula el octavo constitucional.
