De acuerdo con un informe oficial, en los últimos ocho años, agentes de corporaciones policiacas de Puebla han “extraviado” más de 600 armas de fuego en diversas circunstancias. Tal sólo el año pasado se perdieron más de 20 pistolas sin que existan registros oficiales de cuándo ocurrieron las desapariciones de dichos artefactos, de qué calibre eran y cómo ocurrió. Lo más grave de esa situación es que no se sancionó a nadie.
Por el número de armas que se perdieron, habría que hacerse la pregunta: ¿realmente pueden los agentes policiacos “extraviar” una pistola o un rifle, o estamos ante un tráfico de armas de fue por parte de integrantes de corporaciones de seguridad pública?
El dato de que se han perdido 600 armas de fuego no solamente cuestiona la capacidad, le ética y el control que hay de los agentes policiacos, sino que no se tengan mecanismos legales para investigar y castigar a los responsables de permitir que un objeto que sale de un cuartel no regrese al mismo.
Esta situación plantea que el aumento de la inversión en materia de seguridad pública y la incorporación de mandos militares, no ha significado que la ciudadanía cuente con mejores cuerpos policiacos, los cuales siguen siendo la fuente de inseguridad, impunidad y violencia.
Hasta ahora la modernización de la Policía se ha limitado a la compra de más armas y equipo, a cambiar a los mandos y establecer controles de confianza que resultan poco efectivos, cuando lo que se necesita es una profunda reforma que permita tener a un cuerpo de agentes que ante todo apliquen la legalidad.
