A una semana de su detención, los jueces Primero y Quinto de lo penal, Javier Vázquez Fernández y Olga Margot Cortés León, respectivamente, le dictaron auto de formal prisión a Edmundo Tiro Moranchel, socio fundador de Sitma y propietario de Invergroup.
Sin embargo, existe la posibilidad de que obtenga su libertad bajo caución debido a que presentó un amparo ante el juzgado federal primero de distrito con el argumento de que existieron irregularidades en su detención, informaron fuentes de ambos juzgados.
De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia (PGJ), se llevan más de 5 mil 200 denuncias en contra de las empresas de Sitma e Invergroup, las cuales de un día a otro se quedaron sin solvencia económica.
Hasta el martes –cuando se lleva a cabo la audiencia constitucional– los jueces podrán determinar si los argumentos de los abogados del detenido son válidos y en ese caso, los mismos podrían ordenar su libertad, pero ello también depende de la resolución del amparo federal que su defensa interpuso en contra de la orden de aprehensión.
Y es que si la autoridad federal falla a su favor, Edmundo Tiro Moranchel podrá enfrentar el proceso fuera del Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Miguel –donde se encuentra recluido desde su captura en la ciudad de Mérida–; en caso contrario, la ley le brinda la opción de solicitar al juez federal o a los jueces quinto y primero de lo penal con sede en Puebla que fijen un monto para salir bajo fianza.
En tanto, Xavier Olea Peláez, abogado de Edmundo Tiro Moranchel y conocido por llevar el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, acusó al gobierno estatal de violar los derechos constitucionales de su cliente al no permitirle el acceso al Cereso para poder platicar con él.
En entrevista con este medio de comunicación, Olea Peláez explicó que acudió al reclusorio para conocer el estado actual de su defendido, pero nada más pudo ingresar su hijo, con quien estuvo por espacio de cinco minutos.
Señaló que aún cuando exhibió copia certificada de su título profesional, la dirección del Cereso impidió que realizara la primera visita a su cliente, situación que calificó como ilegal. Agregó que la autoridad poblana pretende evitar a toda costa que el detenido tenga una defensa adecuada, tal como ocurrió en su momento con Cacho Ribeiro.
