Atlixco. Ejidatarios de la junta auxiliar de Tehuixpango, en donde recientemente quedó construido un amplio desarrollo inmobiliario de más de 2 mil 500 casas edificadas por la empresa Homex, festejaron y recordaron este fin de semana la “proeza” de recuperar hace cuatro años más de 25 hectáreas que mantenían en disputa legal con un grupo de personas. Pedro Amador desenterró aquella historia en donde incluso salieron a relucir armas de fuego: “con machetes, hoz, palos, bats y con una gigantesca máquina bulldozer encargada de abrir el paso y romper los alambres de puas, 36 ejidatarios de San Agustín Texhuixpango retomaron 25 hectáreas hasta entonces en poder de un grupo de ‘pequeños propietarios’”.
Después de 68 años de lucha –los últimos cinco fueron en espera del cumplimiento de la sentencia a favor de parte del Juez– y de vacío de autoridad judicial y agraria, los campesinos decidieron llevar a cabo justicia por cuenta propia en el llamado paraje de Tizayuca.
De acuerdo con los datos recabados, resultaban ocho en total las órdenes de restitución de las 25 hectáreas ignoradas en las oficinas de las autoridades judiciales. La primera ocurrió el 1 de octubre de 2000; la segunda y tercera el 26 de agosto y 7 de septiembre de 2002; la cuarta y quinta el 22 de mayo y 29 de agosto de 2003. El 30 de enero y de septiembre del 2004 ocurrió la sexta y séptima. Finalmente, la última el 28 de octubre de 2005.
En el último intento, “el pretexto encontrado en el comandante de la policía judicial de Atlixco es de risa: la falta de elementos en la corporación no garantizaban realizar la sentencia”, externó Pedro Amador, el secretario del comisariado ejidal.
El problema en la ex hacienda de Tizayuca comenzó en 1937 cuando una resolución presidencial afectó 100 hectáreas. Los ejidatarios arrancaron la batalla legal a fin de recuperar esos terrenos y años después tuvieron de regreso a 22 de ellas. De las 78 restantes, la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) devolvió el 27 de enero de 2004 un número total de 53 más. A final de cuentas quedaron pendientes 25 hectáreas.
En 1985, Agustín Caravantes, Guillermo Jordán y Carlos Spezzie, entre otros de los pequeños propietarios, iniciaron un juicio de usucapión el cual perdieron ante las instancias agrarias y legales. Debido a eso, años después, explicó Pedro Amador, “las escrituras y los certificados de ineafectabilidad terminaron echados hacia abajo”. Hace cuatro años, Agustín Caravantes y Ricardo Soto, dos de los presuntamente afectados, intentaron mostrar ante la prensa los títulos de propiedad de 2.5 hectáreas; sin embargo, admitieron tener conocimiento de las sentencias y acusaron a la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) de generar problemas. Anunciaron entonces el inicio de procesos penales en contra de los ejidatarios.
