El Centro Regional de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) en el municipio de Huauchinango informó que únicamente 260 ex empleados de los 2 mil ex trabajadores activos del organismo aceptaron su liquidación y un bono extra durante el periodo que se abrió desde el pasado 14 de octubre, tres días después de la toma por asalto de elementos de la Policía Federal (PF) en las instalaciones ubicadas en la región de la Sierra Norte de Puebla.
Es decir, 87 por ciento de los electricistas rechazó las medidas propuestas por el gobierno federal adicionales a su liquidación, como la beca de 5 mil 382 pesos para capacitarse en los Conalep y Cecati en las áreas de electricidad, computación, refrigeración y aire acondicionado, mantenimiento de inmuebles, dibujo asistido por computadora, asistente educativo, mecánica y mantenimiento automotriz e inglés, entre otras.
Tampoco aceptaron las franquicias que les ofreció la administración de Felipe Calderón y la posibilidad de ingresar al programa para la recontratación en la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El pasado sábado fue el último día para la liquidación con bono especial, cuando al menos 20 trabajadores acudieron al centro de atención instalado por la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el centro histórico de Huauchinango.
Gustavo Castillo, responsable del centro de indemnización de la Sierra Norte de Puebla –que cubre el área para trabajadores de Nuevo Necaxa en Puebla, Pachuca en Hidalgo y Poza Rica en Veracruz –reveló que durante un mes sólo 13 por ciento del padrón de trabajadores de LFC acudió a las oficinas del organismo a tramitar su compensación.
Asimismo, indicó que en caso de que los ex empleados deseen terminar su relación laboral con la empresa tendrán que trasladarse a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en la ciudad de Puebla o en el Distrito Federal. De lo contrario, afirmó, los trabajadores tendrán que esperar el dictamen del juicio que se realiza en los juzgados federales.
“El vencimiento del plazo fue sólo para otorgar el bono adicional, ya que el proceso de liquidación continuará una vez resuelta la suspensión que le otorgó el Poder Judicial de la Federación a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que no podrá emitir un fallo sobre la relación laboral de los electricistas con LFC”, apuntó en entrevista para La Jornada de Oriente.
Castillo destacó que la mayoría de las personas que requirieron su liquidación pertenece al grupo de ex empleados, “de edad avanzada”, quienes estaban próximos a jubilarse, por lo que desistieron de unirse a la resistencia civil iniciada por el resto de los electricistas.
El funcionario refirió que los trabajadores liquidados solicitaron al Centro Regional de LFC la protección de sus datos personales debido al temor que hay entre ellos por posibles represalias del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que ha ordenado a los empleados no firmar ningún documento para la terminación de su relación laboral.
Durante la jornada del fin de semana, un grupo de trabajadores se instaló de manera permanente en las afueras del Centro Regional de LFC con la finalidad de impedir que sus compañeros ingresaran en las oficinas para solicitar su finiquito con el organismo, sin que se hayan registrado agresiones físicas o verbales.
Mientras tanto, en la junta auxiliar de Nuevo Necaxa, del municipio de Juan Galindo –donde se ubica la subestación eléctrica de El Salto–, un grupo de electricistas mantiene la resistencia civil en las afueras del inmueble y en las oficinas del SME con la intención de “convencer” a los pobladores de rechazar la presencia de los integrantes de la PF y de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Falta cultura sindical
a los electricistas”
Virgilio Uribe Santos, ex subsecretario general del SME en Nuevo Necaxa y jubilado desde hace 30 años, consideró que si los ex trabajadores de LFC solicitaron su liquidación se debe a la falta de una “cultura sindical” entre los agremiados al SME.
“El gobierno se está aprovechando que nuestros trabajadores están necesitados. Y por otra parte, a los electricistas les falta una cultura de protección de los intereses de todos, esa cultura de mantenerse unidos para ganar esta lucha de resistencia” (sic), refirió para La Jornada de Oriente.
Uribe Santos, quien fue líder sindical durante el periodo de 1957 a 1959, puntualizó que durante los 94 años que lleva el gremio, “jamás se había presentado una situación como esta”, por lo que previó que los electricistas estarán dispuestos a sumarse a la huelga nacional indefinida, para exigir su reinstalación en los puestos de trabajo.
“Estas acciones que está haciendo el gobierno del estado me parecen horribles (...) Me parece que si en un lapso no se ve un cambio en la postura del gobierno, las condiciones están dadas para una huelga nacional. Ya no paros ni bloqueos de un día, sino una huelga indefinida para demandar al gobierno que termine de hacer estas atrocidades”, aseveró.
La resistencia continuará
Domingo Aguilar Vázquez, subsecretario general de la división Nuevo Necaxa del SME, desconoció las cifras del gobierno federal, y dijo que tendrán que mostrar la lista de los ex trabajadores que sí aceptaron su indemnización.
De acuerdo con el líder sindical, de los 32 mil 500 trabajadores que se ampararon a nivel nacional en contra del decreto de extinción de LFC, la división Nuevo Necaxa aporta alrededor de mil 500 electricistas; en tanto, existen cerca de 200 personas que no se ampararon ni se liquidaron, por lo que “no concuerdan los datos que ha proporcionado el gobierno”.
Aguilar Vázquez puntualizó que las jornadas informativas en centros de trabajo, así como en los cruceros viales continuarán; asimismo, anunció que el próximo 28 de noviembre se realizará una peregrinación a la ciudad de México, donde se manifestarán en las oficinas de la STPS y acudirán a la Basílica de Guadalupe.
Por último, abundó que este día un grupo de electricistas de Nuevo Necaxa comenzará con una campaña informativa entre los habitantes de la región de Huauchinango “para que conozcan las atrocidades que ha hecho el gobierno con el futuro de cientos de trabajadores, que de un día para otro perdieron su empleo y la posibilidad de contratarse en otros lados, porque la gente nos discrimina”.
