En cuatro estados del país –incluida la capital y la región de Nuevo Nexaca, en Puebla– y en el Distrito Federal, hubo masivas marchas de trabajadores electricistas, junto con miembros de diversos sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes universitarios, legisladores y amas de casa para exigir que se dé marcha atrás al decreto por el cual el presidente Felipe Calderón Hinojosa desapareció Luz y Fuerza del Centro (LFC), dejando en el desempleo a más de 40 mil obreros de dicha paraestatal.
Dicho conflicto no debe verse únicamente como una confrontación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la administración de Felipe Calderón, o el intento de miembros del gobierno federal de hacer negocios privados con la fibra óptica de LFC, tal como se ha documentado, sino que atrás está en juego otro asunto más delicado, que es el futuro del sector energético del país.
La desaparición de LFC debe entenderse como un paso más, de un largo proceso, que han impulsado empresas trasnacionales, en complicidad con gobiernos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional para apoderarse del control de la industria petrolera y eléctrica. La estrategia que se ha utilizado en los últimos años ha sido la castigar la inversión pública para evitar la modernización de la infraestructura de dicho sector y acusar a las paraestatales de ser ineficaces, pero sobre todo por culpa de los sindicatos.
Por eso la lucha del SME no debe verse como un conflicto aislado o que únicamente concierne a una organización. La resistencia de los trabajadores electricistas, es ante todo, una defensa de la soberanía nacional y de la industria eléctrica del país.
