Existen diversas demandas populares que el presupuesto podría y debería atender: apoyo a deudores en cartera vencida; reducción a las tarifas de gasolina, gas, diesel y energía eléctrica; apoyos para el campo, educación, salud y vivienda; y un largo etcétera.
¿De dónde obtener los recursos? De reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos en 50 por ciento, de eliminar los bonos, suprimir las pensiones millonarias de los ex presidentes de la República, reducir en 80 por ciento el gasto de publicidad, ahorrar 30 por ciento en servicio telefónico, asesorías, computación, renta de inmuebles, combustible, fotocopiado, papelería y de otros materiales y suministros; prohibir la compra de vehículos nuevos; reducir en 50 por ciento el gasto en viajes nacionales e internacionales; eliminar la flotilla de aviones y helicópteros del Estado Mayor Presidencial y del sector público, con excepción de los que se utilicen para el traslado de enfermos, la protección civil y la seguridad pública.
Para conocer esta propuesta en amplitud, revisen la iniciativa de Ley de Austeridad en www. gobiernolegitimo.org.mx.
Lamentablemente el proceso de discusión y aprobación del presupuesto tiene truco, coloquialmente diríamos tiene maña o es chueco. A pesar de que la “nueva” Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ordena que las comisiones del Congreso deben participar en el examen y discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos, la realidad es que este procedimiento se convierte en un tráfico mercantil de peticiones de los gobernadores, incluyendo, sí, a Héctor Ortiz Ortiz.
Los gobernadores de todos los colores, lejos de cumplir con su mandato de gobernar se convierten en gestores.
Poderosos gestores del mercado legislativo que han superado a las propias comisiones del Congreso. El 9 de noviembre la Comisión de Presupuesto canceló reuniones con diversas comisiones como la de Energía o la de Vivienda.
Claro está a los poderosos gobernadores no se les cancela.
