El Instituto Estatal Electoral (IEE) investigará los actos anticipados de campaña en que podrían haber incurrido funcionarios del gobierno estatal como los secretarios de Desarrollo Social, Gobernación, Finanzas y Administración, y el del Trabajo y Competitividad, Javier López Zavala, Mario Montero Serrano, Gerardo María Pérez Salazar y Pericles Olivares Flores, respectivamente, todos militantes del PRI.
La determinación de ejercer facultades de investigación se derivó de las enmiendas aprobadas ayer por el Consejo General del organismo comicial al Reglamento para la Tramitación de Denuncias, y causó el repudio del representante del partido tricolor, José Alarcón Hernández, quien arguyó a su causa que el espíritu del Derecho deja claro que no se pueden aplicar sanciones retroactivas, en el entendido de que el proselitismo fuera de los tiempos legales y las denuncias que los partidos Acción Nacional y Convergencia interpusieron contra los priistas mencionados sucedieron antes de que iniciara formalmente el proceso.
La presidente de la Comisión de Vigilancia y Trámite de Denuncias, Rosalba Velázquez Peñarrieta, explicó que los castigos para los políticos que incurrieron en actos anticipados van de las amonestaciones a las multas económicas. Misma suerte correrán los partidos en que militan.
Las reformas también harán que el IEE vigile las llamadas “campañas negras” que se pueden desarrollar en medios impresos, u otros, pues el Instituto Federal Electoral ya se ocupa de monitorear lo que se transmite en radio y televisión.
Asimismo, se agilizarán los tiempos para entregar resultados de las pesquisas. Contando desde de ayer, la Comisión de Vigilancia y Denuncias deberá concluir sus investigaciones en un plazo máximo de 30 días.
“Un circo”
La de de ayer fue la sesión en la que el IEE declaró formalmente iniciado el proceso para elegir gobernador, renovar el Congreso local y los 217 ayuntamientos de la entidad el año entrante.
Los integrantes del Consejo General sesionaron en el salón Barroco del edificio Carolino de la Universidad Autónoma de Puebla. El orden del día tenía 15 puntos, incluidos los asuntos generales. El desahogo de la agenda tomó ocho horas y media.
Todos los partidos políticos –a excepción del PRI y su consabido aliado, el Verde Ecologista– manifestaron su desconfianza en el IEE y particularmente en el consejero presidente, Jorge Sánchez Morales, porque se han omitido ya no sanciones, sino incluso llamados o reconvenciones a los aspirantes a puestos de elección popular que han realizado actos anticipados de campaña.
Otro punto cuestionado fue la desconfianza que se ha generado por el presunto manejo anómalo que hizo del presupuesto del IEE su dirección administrativa, pues se presume que no entregó cuentas claras sobre 4 millones de pesos hace dos años.
Incluso el consejero Fidencio Aguilar Víquez reconoció que el tema presupuestal es un “punto oscuro” para el IEE, pues ahora prevalece la impresión de que no sólo hay que fiscalizar a los partidos políticos sino también a la autoridad electoral.
El consejero también reclamó que el talante imperante en el Consejo General sea exclusivamente de visión jurídica y no de implicaciones de moral pública, que muchas veces son más importantes y de mayor impacto. También reprochó que en las discusiones se privilegien las votaciones por mayoría, cuando a veces los criterios expresados por quienes forman minoría en el organismo, son de alcances más amplios.
Advirtió que si el IEE no ejerce a plenitud sus facultades y acata sus obligaciones como árbitro electoral, especialmente en lo que corresponde a prevenir y sancionar conductas fuera de la ley, se corre el riesgo de que la elección se convierta en “un circo”.
Antes que Aguilar, el reclamo más severo provino de José Luis Blancarte, representante de Convergencia, quien externó que a pesar de que Jorge Sánchez Morales se congratuló por el estreno del código electoral estatal, “hay nuevas leyes con viejas prácticas”, y mencionó una sarta de calamidades para una entidad que se presume con normalidad democrática: desde las inequidades en la repartición de presupuestos y espacios propagandísticos hasta la intervención de las instituciones oficiales para favorecer a partidos y candidatos.
Asimismo, reclamó que la mayoría no considere los puntos de vista de las minorías en el Consejo General; se refirió a la desconfianza que ha generado el dudoso ejercicio de recursos en 2007, y hasta sugirió que ni el consejero presidente ni el director general han hecho lo suficiente para aclarar las quejas por esas anomalías.
En una tónica similar a la de Blancarte y Aguilar se expresaron los representantes de Acción Nacional, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza.
En una entrevista que concedió a mitad de la sesión, Jorge Sánchez Morales respondió que las cuentas del Instituto Estatal Electoral en 2007 ya fueron solventadas ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso local, que es la única instancia ante la que, financieramente, tiene la obligación de justificar el uso de su presupuesto.
De las acusaciones por las omisiones en actos de campaña, el consejero no hizo comentarios.
