La noche de ayer, la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla (PGJ) dio a conocer la captura de José Ramón Vega Laing, uno de los principales socios del grupo Sitma. El sujeto ingresó al Centro de Readaptación Social de la capital estatal, acusado de delito de fraude.
La PGJ informó que la detención de José Ramón Vega Laing fue posible por una orden de aprehensión emitida por el Juzgado Primero de lo Penal.
Se espera que las declaraciones que rinda en su proceso el indiciado puedan ayudar a capturar al resto de los socios de la inmobiliaria Sitma, que en Puebla defraudó a miles de personas. Por la mañana, víctimas de la empresa Sitma solicitaron que el Congreso local apruebe una ley que prohíba operar a empresas que captan ahorros de la gente sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el estado. Agustín Torres y Enrique Méndez, representantes de los defraudados, informaron que continuarán con la realización de manifestaciones sociales hasta que puedan recuperar sus ahorros e inversiones que depositaron en la misma.
Lo anterior fue durante una reunión que sostuvieron más de 800 afectados con el diputado local del Partido del Trabajo José Manuel Benigno Pérez Vega.
Agregaron que durante el encuentro el diputado local se comprometió a lograr que el Congreso local apruebe una ley que prohíba operar a empresas que captan ahorros de la gente sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el estado.
En esta reunión, los defraudados acusaron a los gobiernos federal y estatal de no supervisar las operaciones de esta empresa, además de la falta de aprehensión de su dueño, Leonardo Tiro Moranchel, por parte de las autoridades judiciales.
Asimismo, indicaron que este día se reunirán con Luis Alberto Arriaga, legislador local del PRI, a las 12 horas en el ex Palacio de Gobierno –localizado en avenida Reforma entre la 7 y 9 Sur–, para plantearle la problemática del fraude de Sitma y escuchar sus propuestas de solución a la misma. Enrique Méndez añadió que cada jueves, los afectados de esta compañía inmobiliaria se manifestarán frente al Congreso local hasta que exista una intervención directa para la recuperación de sus ahorros por parte de los legisladores locales.“Este problema ya es social, todas las autoridades gubernamentales deben intervenir para la solución del mismo”.
