A principios de la próxima semana vence el plazo que ha fijado el gobierno federal para que los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) tramiten el pago de liquidación de la empresa. Para el caso de los obreros de la extinta compañía que laboran en la Sierra Norte de Puebla, solamente el 12 por ciento accedió a pedir el finiquito de su relación laboral. Lo relevante de este dato es que fue proporcionado por los propios encargados de erogar dichas indemnizaciones. El comportamiento del grueso de los trabajadores de LFC, principalmente de Nuevo Necaxa, muestra tres aspectos fundamentales: Uno, que esa resistencia demuestra que los obreros de LFC creen en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y es mentira la versión oficial de que el personal estaba inconforme con su representación laboral. Por tanto, fue una maniobra sucia haberle negado la toma de nota a la nueva dirigencia sindical y solamente fue el pretexto para detonar el proceso de extinción de dicha empresa estatal.
Dos, que la medida de desaparecer LFC creó un profundo malestar social, sobre todo porque atrás de esta decisión no se observa un beneficio real para la clase trabajadora, los usuarios del servicio eléctrico, y la eliminación de dicha paraestatal solamente vino a agravar el problema del desempleo.
Y tres, que los trabajadores de LFC están dispuestos a dar una larga lucha en contra del gobierno de Felipe Calderón y que no funcionaron las oscuras estrategias del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, que pensó que iba a doblegar el espíritu combativo de los obreros con amenazas y cortándoles el suministro de los salarios, servicios médicos y de prestaciones sociales.
