El municipio de Puebla ejerce un presupuesto que resulta hasta 50 por ciento menor que el de ciudades con menor cantidad de población y de tamaño, lo cual resulta contradictorio.
Así lo reconoció la presidente municipal, Blanca Alcalá Ruiz, quien agregó que junto con otros alcaldes de diferentes partes del país y de partidos políticos distintos al suyo encabeza los esfuerzos para cambiar las reglas de operación del Fondo de Estabilización, que contiene el dinero que la Federación envía a los ayuntamientos a través de la Secretaría de Hacienda para obras y servicios públicos.
Hay ciudades como León, Querétaro, Guanajuato o Guadalajara que ejercen hasta 6 mil millones en un año en sus administraciones, mientras que la capital del estado, la cuarta ciudad más importante del país, apenas supera los 2 mil millones de pesos, ejemplificó la edil.
Sin embargo, señaló que no sólo se trata de cambiar las reglas de operación, que de por sí ya es un tema muy complejo, sino de que los ayuntamientos reciban el dinero que les corresponde en el menor tiempo posible y al inicio de cada año, pues no se puede seguir esperando los recursos cuando está por acabar el ejercicio fiscal correspondiente.
“Estaremos esperando una cantidad adicional que nos permitirá relanzar un gran programa de mantenimiento de vialidades que se había pospuesto ante la carencia de recursos; más de 36 millones de pesos en 35 vialidades prioritarias están siendo intervenidas desde la semana pasada”, expuso la edil.
Cambiar las reglas de operación para disponer de dinero no se limita a tener el control de los recursos por parte de los gobiernos municipales, sino que se trata de que darle seguimiento al impacto dejado en las familias que han sido beneficiadas de los programas de obra y sociales.
Indicó que se puede estar atendiendo a una misma población pero al mismo tiempo desatendiendo otras sin que se tenga la medición real de la ayuda que se entrega.
“Muchas de las ocasiones están desfasadas las propias autorizaciones con lo que implica la ejecución de los recursos y se vuelve un gran problema para el ejecutor final en este caso en los gobiernos locales; un caso concreto es el de la academia de Policía, en donde hace unas semanas recibimos la autorización sin la cual no podíamos licitar y que esto desfasa que nuestras inversiones puedan prolongarse más allá del año para el cual fueron concretadas” comento.
