El 86 por ciento de los activos de Financiera Coofia está colocado en empresas dedicadas a la minería, lo cual asciende a mil 614 millones 530 mil pesos. Sin embargo, este dinero no ha aportado ganancias ni liquidez económica a la caja de ahorro desde 2005.
Así lo indica una auditoría que la Confederación Alemana de Cooperativas–DGRV le realizó a la financiera por disposición del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), después de que los directivos de Coofia le solicitaran al Fideicomiso Pago un préstamo el pasado 24 de noviembre de 2008, para el cual se tenían que analizar sus finanzas.
Esta auditoría –cuyos resultados fueron entregados a Coofia en julio de este año– concluyó que al 31 de marzo de 2009 la sociedad no cuenta con la liquidez suficiente para hacer frente a sus compromisos a corto plazo. Lo anterior es “por la concentración de cartera en créditos mineros con dudosa capacidad de pago y la capitalización de la empresa con participaciones en fundos mineros, convirtiéndose los mismos en activos improductivos”.
En este sentido, en los últimos años la financiera se mantuvo de la captación de recursos económicos de sus clientes, misma que aumentaba en unos 200 millones de pesos al año.
De hecho, la excesiva concentración de cartera en pocos clientes violaba la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP), pues se estipula que debe haber una diversificación de operaciones. Además, el corporativo nunca tuvo la capacidad de convertir esos derechos mineros en dinero en efectivo para su posterior colocación en cartera crediticia sana.
Por lo anterior, el análisis –cuya copia simple tiene el periódico La Jornada de Oriente– recomienda la liquidación de Coofia, ya que la factibilidad de su rehabilitación es mínima, pues el apoyo económico necesario para ello por parte del Fideicomiso Pago tendría que ser de mil 263 millones de pesos, el cual no se podría recuperar en un plazo predecible, sino hasta que se vendieran los derechos mineros que tiene la sociedad.
“No se puede presumir la posibilidad de venta de los derechos mineros en un corto o mediano plazo, ya que éstos están en poder de Coofia desde al menos el año 2005, sin que se haya logrado convertirlos en dinero en efectivo. Además, los derechos mineros no son en un 100 por ciento de la financiera, ya que el propietario original mantiene aún un 19 por ciento de derechos sobre la concesión, lo que podría dificultar la venta de la misma”, indica.
Esta auditoría advierte: “la crítica situación de liquidez de la sociedad, sumado a su incapacidad de generar utilidades, permiten concluir que carece de sostenibilidad y su riesgo de quiebra en el corto plazo es muy alto”.
Sin embargo, la Federación Integradora Nacional de Entidades (FINE) –encargada de supervisar los estados financieros de Coofia por disposición de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)– nunca alertó de la concentración de la cartera y la falta de liquidez de esta caja de ahorro, pese a que la misma existía por lo menos desde 2005.
Todavía el 5 de marzo de este año FINE publicó en el Diario Oficial de la Federación que Coofia cumplía los requisitos de la LACP para operar. No fue hasta el 3 de agosto cuando indicó que esta financiera incumplió con la norma, después de que los ahorradores habían sido defraudados, a quienes desde diciembre de 2008 les negaron su dinero.
La CNBV –que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)– está encargada de la supervisión de las entidades financieras o empresas que capten recursos económicos del público, misma que le otorgó prórrogas a Financiera Coofia para que lograra su autorización al confiar en los reportes de FINE y no corroborar la información. Asimismo, el gobierno del estado de Puebla le autorizó a la caja de ahorro cobrar los impuestos locales en 2008, lo cual hizo que más personas depositaran su dinero en la misma.
La cartera estaba concentrada
De acuerdo con la auditoría, sólo 179 millones 883 mil pesos forman parte de la cartera susceptible de recuperación y que está generando ingresos, mientras que 513 millones 239 mil pesos están relacionados con préstamos a las empresas mineras. La compañía Minera Reyna del Pacífico es la que más le debe a Coofia, con un saldo de 402 millones de pesos.
Desde 1999 se inició el financiamiento a las empresas dedicadas a la minería para actividades de exploración y explotación, las cuales concentran el 86 por ciento del total de los activos de la financiera y el 93 por ciento de los recursos captados del público se destinó a dicho sector.
El análisis de la Confederación Alemana de Cooperativas–DGRV revela que existen deficiencias en el procedimiento que llevó a cabo el comité de crédito de la caja de ahorro para otorgar el préstamo a la empresa Minera Reyna del Pacífico, ya que no existía la capacidad de pago y basó fundamentalmente su decisión en la garantía de los fundos mineros. Sin embargo, la inspección física a los predios tiene fecha posterior a la autorización y otorgamiento del crédito.
Asimismo, los estados financieros que toman de base para las renovaciones de los créditos reflejan ingresos que no están incluidos en las declaraciones de IVA e ISR presentadas por la misma empresa.
De hecho, el crédito inicialmente otorgado en 2003 fue de 4 millones de pesos, con una tasa del 30 por ciento anual, pero el último crédito otorgado fue de 400 millones de pesos en 2008, con una tasa anual del 15 por ciento, el cual se desprendió de varias renovaciones del primer préstamo.
Los mismos dueños
La auditoría indica que los apoderados legales de la empresa Minera Reyna del Pacífico –localizada en Guerrero– son socios de Coofia de acuerdo con un reporte emitido por el Registro Público de la Propiedad del estado de Puebla.
Los dueños de la minera son: Valente Medina Seoane, María Elena Rivera Ramírez, Darío Medina Seoane, Agustín Cruz Aguayo, Gabriel Medina Seoane y Adrián Rivera Ramírez, de quienes Valente Medina y Darío Medina forman parte del Consejo de Administración de la financiera.
Asimismo, el comisario de la minera es Miguel Ángel Corona Cerezo, quien fuera director de Crédito y socio fundador de Coofia, con base en su acta constitutiva.
Los bienes adjudicados y derechos sobre los fundos mineros son consecuencia de que los dueños originales de la empresa, Elia Sánchez Cerda y Marco Antonio Esquivel, no pudieron pagar los créditos de 711 millones 279 mil pesos que les otorgó la financiera, por lo que –a raíz de que se contaba con la garantía prendaria sobre los lotes y concesiones mineras– y en dación de pago concedieron estas propiedades.
El valor total de las minas asciende a 130 millones de dólares americanos, de los cuales 105 mil millones –es decir mil 185 millones 450 mil pesos– le correspondieron a Coofia.
La SFA, entre los deudores
El análisis contable agrega que hay otras entidades que le deben a Financiera Coofia, entre los cuales está la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA), la cual tiene un saldo de 9 millones 522 mil pesos. Sin embargo, no se explica las razones de este adeudo.
Asimismo, la inmobiliaria Masse le debe a la caja de ahorro un millón 625 mil pesos, y diferentes ex directivos de la misma deben un millón 664 mil pesos.
En tanto, la captación de recursos económicos de los clientes a marzo de 2009 sumaba mil millones 733 mil pesos, de los cuales los depósitos de exigibilidad inmediata sumaban 151 mil 672 pesos y los de a plazo eran por mil millones 581 mil pesos.
Los activos líquidos al 31 de marzo de 2009 eran 5 millones 77 mil pesos, los cuales eran los únicos recursos que se encontraban disponibles para el pago a los ahorradores, cuando sus gastos operativos rebasaban los 8 millones de pesos al mes, lo cual era consecuencia de la red tan amplia de sucursales que tenía en el país.
El total de socios de la cooperativa eran 63 mil 431 personas y el total de ahorradores sumaban 61 mil 222; mientras que había 18 mil 239 inversionistas y 14 mil 942 acreditados.
Financiera Coofia cerró a finales de agosto, después de que la CNBV le prohibió captar recursos del público. La misma tenía 73 sucursales y 42 módulos de atención al público, así como operaba en nueve estados del país: Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, Morelos, estado de México, Hidalgo, Guerrero y Jalisco.
