Un presupuesto de ingresos aprobado por diputados y senadores de todos los partidos representados en el Congreso de la Unión contrario a los intereses populares y proclive al fortalecimiento de las burocracias administrativas; un proyecto de egresos inferior al crecimiento porcentual de los últimos años, coincidente con la administración de Felipe Calderón Hinojosa y del Partido Acción Nacional (PAN), un sindicato abusivo, corporativo, que mantiene de rodillas a las autoridades educativas locales, una disidencia magisterial puesta contra la pared, frontal y sin proyecto, un gremio señalado como responsable de los malos resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones nacionales e internacionales, una burocracia ineficiente más preocupada por fortalecer su área de influencia personal que de facilitar el logro de los fines del sector educativo poco respetuosa de los ordenamientos constitucionales, un sector permanentemente confrontado por los intereses contrapuestos de autoridades federales, locales, críticos, trabajadores, madres y padres de familia, una sociedad harta y marginada pero cada vez más participativa que exige un rendimiento de cuentas oportuno y transparente.
Que la educación en México se encuentra en crisis permanente es un hecho reconocido por propios y extraños. Así lo muestran resultados de evaluaciones internacionales –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)– y nacionales –Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE)–, valoraciones de las que se desprenden deficiencias en los rubros de cobertura, calidad, pertinencia incluidos los niveles de educación básica (preescolar, primaria, secundaria), media superior y superior con excepción del posicionamiento logrado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cierto es que en el rubro cobertura la escuela primaria cuenta con indicadores superiores al 90 por ciento de la demanda potencial mientras que crecen las matrículas de educación preescolar, secundaria, media superior y superior, mientras que los resultados de la prueba Pisa (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) muestran que los niñas y niños de México se ubican como los menos aptos para enfrentar los retos de la vida con éxito de quienes conforman esa comunidad económica, y los de la prueba ENLACE que señala las deficiencias graves en conocimientos en matemáticas, español y ciencias propios de la mayoría de las niñas y niños que cursan la primaria, la secundaria y la educación media. Los exámenes de admisión de las universidades públicas excluyen a jóvenes provenientes de las zonas y las regiones rurales a los que se les enseña y evalúa manera genérica sin considerar las condiciones específicas a las que les enfrenta la vida diaria. Que la situación debe cambiar en materia educativa es algo que todos desean sin distingo de responsabilidad. Que debe incrementarse la cobertura de educación preescolar, lo mismo que los niveles de aprovechamiento en la escuela primaria; la cobertura y la calidad de la enseñanza en las escuelas secundarias y medias superior es algo en lo que coinciden incluso aquellos que se encuentran señalados como responsables por la posición que ocupan y los resultados que entregan. Que debe crecer la cobertura de acceso a la educación superior para acercarse a los estándares internacionales hasta que a ella asistan siete de cada 10 mexicanos en la edad escolar es una aspiración compartida por objetos y sujetos del proceso educativo. Que debe transformarse radicalmente el proceso de formación de los docentes y por ende las instituciones universitaria mal llamadas por costumbre; escuelas normales, es algo que por lo menos en el papel aceptan hasta quienes tienen como rehenes de sus intereses a alumnas, alumnos y sociedad que requiere de los servicios docentes de quienes egresan de esas instituciones.
El pero radica en qué hacer para transformar la triste situación en la que se encuentra la educación. En como generar una política de Estado que “no distinga colores ni partidos y que ponga por encima de ellos a los intereses de los niños”. En como convencer a los actores que por encima del control presupuestal centralizado se avance de manera gradual y progresiva en las descentralización y desconcentración del presupuesto para que sea ejercido directamente por los centros de trabajo, en como diversificar el gasto educativo para que incluida la concurrencia plasmada en los ordenamientos legales, los gobiernos de los diversos órdenes destinen recursos crecientes a la investigación, desarrollo educativo, mantenimiento de escuelas. Un nuevo pacto federal en el que por encima de los intereses de los gobiernos federal, estatal y municipal, de los de trabajadores de la educación y su gremio, se priorice el de niñas, niños u adolescentes como señala la ley respectiva. Un nuevo acuerdo que reestablezca el respeto al derecho por parte de las autoridades, que fortalezca la participación de todos los que desean mejorar los resultados cualitativos y cuantitativos del sector educativo. Un nuevo pacto que priorice la enseñanza y el respeto a los derechos humanos, de la tolerancia, de la sustentabilidad y rechace el uso de la violencia y del abuso de poder como forma de vida. Un acuerdo en el que por encima de las modas y los criterios propios del capital transnacional y de sus agentes –la televisión– rechace criterios de calidad propios sólo de intereses empresariales y fomente el ejercicio de un pensamiento crítico y el trabajo en equipo.
