Este fin de semana hubo dos actividades distintas que muestran una misma realidad: la depredación al medio ambiente que cometen grandes empresas, con la complicidad de autoridades de los tres niveles de gobierno, y eso les permite gozar de absoluta impunidad.
Por un lado, campesinos de San Juan Cuauhtinchan mostraron, en un recorrido que ofrecieron a la prensa, que en los últimos siete años la cementera Cemex ha provocado un grave desequilibrio al medio ambiente por la explotación de pozos de agua y de piedra caliza. Por otro lado, miembros de 25 comunidades del valle de Perote realizaron una asamblea donde expusieron que los problemas de contaminación de Granjas Carroll de México, dedicadas a la crianza y engorda de cerdos, dañan a más de 100 mil habitantes de Puebla y Veracruz.
Con estos ejemplos queda claro que México es el paraíso de grandes empresas nacionales o trasnacionales, que sin problemas tienen al Estado mexicano brindándoles protección en detrimento del grueso de la población. Y no es una exageración si se revisan los siguientes datos:
Los grandes consorcios –reconocido por el propio presidente Felipe Calderón– tributan menos impuestos que un profesionista que trabaja por su cuenta, si es que pagan gravámenes, ya en muchos casos son beneficiarios de exenciones o privilegios fiscales. Cuando contaminan, siempre las autoridades se ponen de su parte bajo el falso argumento de que no se debe afectar a quienes generan muchas fuentes de empleo. Y nunca tienen responsabilidad por los daños que provocan a la salud de la población.
