El aumento en los impuestos fue para mantener los privilegios del gobierno federal, de los gobernadores priistas y de los 400 grupos empresariales más poderosos del país. Se amplió el IVA del 15 al 16 por ciento, y del 10 por ciento en las zonas fronterizas de nuestro país. Se agrandó la tasa del Impuesto sobre la Renta del 28 al 30 por ciento, se creó un impuesto del 3 por ciento a la telefonía fija, celular y a la televisión de paga; además, se utilizarán los recursos de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) logramos frenar un impuesto del 2 por ciento a medicinas y alimentos, que no se tribute el uso de internet, que se protejan los fondos de las pensiones de los trabajadores de los embargos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que la industria cinematográfica nacional reciba un incentivo fiscal de 500 millones de pesos anuales y que se amplíe la exención en el servicio de telefonía fija rural a poblaciones de hasta 5 mil habitantes.
Como senador de la República estoy convencido que debió plasmarse en la iniciativa de la Ley de Ingresos disposiciones concretas para eliminar los regímenes de excepción, defendidos contra viento y marea por las últimas administraciones priístas y las dos sucesivas presidencias panistas. Si el SAT hubiese empezado por hacer efectivo el cobro de impuestos a los grandes empresarios, no habría sido necesario el incremento al IVA, al Impuesto sobre la Renta, ni a ningún otro gravamen.
La cascada de impuestos aprobados viene a confirmar la actitud sorda e indolente de los legisladores tricolores y blanquiazules, quienes desoyeron los señalamientos realizados por distintos especialistas en temas económicos –entre los que destacan dos premios Nobel de Economía– respecto de la improcedencia de aplicar nuevos impuestos en épocas de recesión como la actual, y soslayaron el carácter impostergable de medidas como la reducción sustantiva del gasto de gobierno por medio de políticas de austeridad y el cobro de impuestos a los conglomerados empresariales que no los pagan.
El derroche de siempre, en plena crisis económica, persiste. Estadísticas sistematizadas por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados da cuenta de que la Oficina de la presidencia de la República, a cargo de Patricia Flores, demanda un presupuesto 98.6 por ciento superior al que le fue autorizado en 2009 para pasar de 73.5 a 145.9 millones de pesos.
De acuerdo con el presupuesto, la responsable de esa oficina tendría un salario anual de 3 millones 273 mil 593 pesos, cifra apenas inferior en 51 mil pesos al salario del titular del Poder Ejecutivo federal. Estoy convencido que con esta gravosa carga fiscal, realizada por el PRI y el PAN, se dio un golpe a la economía popular y se confirma la traición de quienes supuestamente debieran desempeñarse como representantes del pueblo, se encuentran en realidad consagrados a ver por intereses políticos y económicos particulares, aun cuando éstos resulten contrarios al bienestar común y a las necesidades del país.
