Hace un mes el gobierno federal desconoció a la nueva dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), lo que fue el inicio de un proceso para desaparecer a Luz y Fuerza del Centro (LFC). Esas maniobras estuvieron acompañadas de una fuerte campaña mediática de la administración de Felipe Calderón que tenía por propósito convencer de que la medida fue para eliminar privilegios del SME y acabar con la ineficiencia de dicha paraestatal. Al mismo tiempo, aparecieron versiones fundadas de que esos movimientos en realidad son parte de una estrategia para privatizar la red de fibra óptica de LFC, el cual es un negocio de altos funcionarios gubernamentales.
A casi un mes de haberse emitido el decreto de desaparición de LFC, es fundamental hacerse las siguientes preguntas: ¿Cuál es el verdadero beneficio de esa medida?, ¿valió la pena dejar sin trabajo a más de 40 mil miembros del SME?, ¿mejorará el servicio, las tarifas y la infraestructura del sector eléctrico?
Una respuesta general a las anteriores preguntas es que atrás del cierre de LFC no hay ningún proyecto de mejoramiento del servicio eléctrico, el cual seguirá siendo caro y a cargo de altos funcionarios que han frenado la inversión para modernizar la infraestructura del sector como parte de una estrategia para que, bajo el falso argumento de aumentar la eficiencia, se permita una mayor participación de capitales privados y extranjeros en los procesos de generación, traslado, comercialización y aprovechamiento de la energía eléctrica. La comunidad de Nuevo Necaxa, en la Sierra Norte, está sufriendo la peor crisis económica y social de las últimas décadas como consecuencia de que docenas de miembros del SME se quedaron sin fuente laboral. Hasta ahora ese es el único efecto palpable de la desaparición de LFC, que es el incremento del desempleo. De las promesas de Felipe Calderón de que mejorará el servicio en cuestión, todo ha sido un falso proyecto.
