La bancada priista del Congreso local propuso reformas al marco normativo federal para obligar a la Comisión Nacional Bancaria y Valores (CNBV) a supervisar y controlar la operación de todas las cajas de ahorro y préstamo que operan en el país, con el fin de poner un alto a los fraudes que han cometido diversas sociedades cooperativas dedicadas a ese giro.
El ex presidente de la Gran Comisión del Poder Legislativo local, José Othón Bailleres Carriles, expuso que el grupo parlamentario del tricolor presentó la propuesta ante la incapacidad de los legisladores para garantizar a los defraudados por Financiera Coofia, Grupo Sitma e Invergruop la recuperación de su patrimonio.
La propuesta de reforma se presentó al pleno del Congreso estatal durante la sesión ordinaria de ayer, en la que se turnó la iniciativa a la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal para su análisis.
El proyecto de la bancada priista consiste en entregar al Congreso de la Unión una propuesta de modificación a la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo que el Poder Legislativo federal aprobó en abril pasado.
Bailleres explicó en tribuna que la normativa actual propicia la proliferación de fraudes debido a que no faculta a la CNBV para impedir la operación de cajas de ahorro y préstamo que se instalan en territorio mexicano sin su autorización.
La mayoría de las sociedades de ahorro y préstamo carecen de autorización de la CNBV, añadió el diputado priista, por lo que la comisión nacional no puede intervenir directamente en las inconsistencias que cometen con el dinero de los clientes.
La falta de regulación propició que Financiera Coofia defraudara a más de 20 mil ahorradores originarios de nueve estados de país; que Grupo Sitma tenga registrados 10 mil inversionistas, pese a que está impedida legalmente para captar recursos; e Invergruop se niegue a entregar el dinero que depositaron sus clientes, alegando falta de liquidez económica, censuró.
La fracción priista del Congreso local propone reformar la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo con el fin de obligar a todas las cajas de ahorro a contar con la autorización de la CNBV para operar en el país.
La comisión nacional, a su vez, se encargaría de vigilar las funciones de las sociedades cooperativas para que pueda intervenir y garantizar el pago a los ahorradores, en caso de que tengan problemas de solvencia económica.
Además, la CNBV podría emitir disposiciones de carácter general sobre la operación de esas financieras con el fin de garantizar su liquidez y estabilidad. Incluso, se contempla facultar a la comisión para que pueda destituir a los socios que expongan conductas ilícitas en agravio de otros socios o de los ahorradores.
“El Congreso del estado no tiene facultades para reintegrar a la gente timada del estado sus ahorros, pero sí podemos ser interlocutores y promotores para coadyuvar en su resarcimiento económico”, apuntó Bailleres.
