Es triste caer en la cuenta de que hay grupos y personas tan inmersas en la corrupción, que ya se han construido una realidad propia en la que todo puede y debe resolverse con acciones corruptas.
Así, por ejemplo, últimamente hemos visto a los senadores y a las senadoras, a diputadas y diputados que, después de haber construido y apoyado una propuesta fiscal que a todas luces atenta contra la ciudadanía, se dan baños de pureza ante las cámaras de televisión, diciendo que su partido no tendrá por qué pagar el costo político que trae este proceso de discusión y el alza de impuestos que vendrá.
Y entonces, como muchas veces antes, las y los representantes de los partidos en el Congreso de la Unión (porque sabemos que representan a sus partidos, no a la ciudadanía) se echan la bolita de los orígenes, el proceso y las consecuencias del nuevo paquete fiscal.
Igualmente, sobre este mismo asunto, las y los titulares del Poder Ejecutivo en varios estados, inmersos también en la corrupción necesaria para mantener a sus partidos o a sus tribus y patrocinadores en el poder –con o sin voto ciudadano–, han indicado a sus representantes en el Congreso (porque también representan a algunas tribus y patrocinadores), que deben apoyar la iniciativa fiscal para que, exprimiendo a la ciudadanía, puedan contar con más recursos en el año electoral próximo y apuntalar la continuación de sus gobiernos, y también asegurar el camino de reproducción de mecanismos de corrupción para la ciudadanía, para comprar votos con jarras de plástico, focos, comida o algo más sustancioso en 2012.
Así, pues, legalizando el robo a la ciudadanía a través del aumento al IVA y al Impuesto sobre la Renta (en vez de eliminarlo, como prometió en campaña), el presidente de la República, junto con gobernadoras y gobernadores, legisladores y legisladoras, pretende hacerse de recursos suficientes que utilizará para mantener a los partidos, tribus o patrocinadores en el poder.
Además, en este mismo camino de legalización de la corrupción, resulta que el órgano electoral autónomo, presuntamente ciudadano, se quiere servir también, ya no con la cuchara grande, sino de plano con el cucharón completo, para cubrir los gastos que deberán hacer desde el IFE, para controlar los procesos electorales del año próximo. Ahora no sólo tenemos las elecciones más caras de toda Latinoamérica y de muchas regiones del mundo en proporción, sino que, año tras año, en vez de llegar a un costo estándar de control, nuestras elecciones se encarecen más.
Y también en este marco, aunque desde un ámbito diferente, el autoritarismo se impone mostrando su debilidad en la dureza de sus medidas, cuando el presidente de la República decretó, legalmente, la desaparición de la compañía Luz y Fuerza del Centro, pero de hecho decretó también, apoyándose ahora más en las compañías televisoras, la criminalización del Sindicato Mexicano de Electricistas, de las organizaciones que apoyan su lucha y hasta de las ciudadanas y ciudadanos solidarios.
Entonces, legalizando la corrupción y la represión, manteniendo vigente el apoyo del Ejército como instrumento de represión de la ciudadanía, los tres poderes en sus diferentes ámbitos se alían y se apoyan para mantenerse en el poder.
¿Y en Tlaxcala qué? Parece que seguimos el mismo juego, aunque quizá un poco más burdo. El Ejecutivo estatal políticamente mezclado de conveniencias partidarias, que se mantiene en la minimización constante de los problemas que tiene la ciudadanía: desempleo, pobreza, migración, trata de personas, violencia creciente contra las mujeres, contaminación de los ríos y afectaciones a la salud. El Legislativo estatal que se deja usar, empujar y hasta se asusta cuando el hermano del gobernador les exige que modifiquen la Ley Orgánica de la Universidad (la misma que ya antes habían revisado, discutido y votado en el pleno), para, el rector, pueda reelegirse sin problemas legales... Y un Poder Judicial estatal que al parecer se pasa la mayor parte del tiempo resolviendo sus problemas internos, en vez de atender los asuntos importantes para el estado. Además, claro que aquí en Tlaxcala se permite que el Ejército patrulle por nuestras calles cada vez con más frecuencia y, como ya se mostró desde hace unos meses, sin coordinación alguna con autoridades municipales o estatales, pero con toda la libertad para asustar e intimidar a la ciudadanía.
¿Alguien sabe qué podemos hacer para que la corrupción deje de permear todos los ámbitos de la toma de decisiones en el estado y en el país? ¿Alguien sabe cómo podemos hacer para que la corrupción no se meta o se salga ya de nuestra vida cotidiana? ¿Cómo nos demostramos unas y unos a otros que el honor todavía existe?
* Centro Fray Julián Garcés
