Más allá de si los senadores decidieron o no mantener su posición en contra del período de gracia para las empresas que serán concesionarias de las bandas 1.7 y 2.1 gigahertz para ofrecer servicios de telefonía celular –con el cual el Estado dejaría de recibir alrededor de 5 mil 726 millones de pesos–, un tema que urge poner sobre la mesa de debate y escrutinio es el del cabildeo inmoral con el que maniobran los poderes fácticos en el Congreso, máxime cuando la moneda de cambio con la que negocian estas fuerzas, por muy legítimas que sean, es un bien que no les pertenece, sino que es público, propiedad de todos los habitantes del país.

Tras un intenso debate en la opinión pública en el que se puso de relieve la dimensión del beneficio que supone el primer artículo transitorio de la Ley Federal de Derechos, planteado y aprobado en la Cámara de Diputados, el Senado logró detener la moratoria en una cerrada votación de 58 contra 50 la madrugada del sábado 31 de octubre, obligando a las empresas que operarán el segmento referido del espectro radioeléctrico a cumplir con los pagos anuales de tales frecuencias.

No obstante, pese a que el sentido de esta decisión había sido pactado con anterioridad por los senadores Santiago Creel, del PAN, y Carlos Navarrete, del PRD, el margen tan estrecho de diferencia de la votación reveló un factor que se consumó un día después en San Lázaro volviéndose a añadir la disposición en la iniciativa de ley: el cabildeo de la empresa de Emilio Azcárraga Jean a través del líder del Partido Verde, Jorge Emilio González, para defender la exención promovida por el diputado priista Jesús Cano Vélez, ex colaborador del senador Manlio Fabio Beltrones cuando éste fue gobernador de Sonora.

En su columna “Tolvanera” del periódico Reforma, Roberto Zamarripa describió el cabildeo con la ayuda de la confesión de varios senadores panistas a los que Javier Tejado Dondé, alto ejecutivo de Televisa, les solicitó proteger el privilegio fiscal: “su labor aquella noche (la de Jorge Emilio González) era pasar un teléfono celular a las orejas de senadores que escuchaban sonido de campanitas y promesas de ser bien tratados en los canales de televisión de sus estados y, eventualmente, en el Canal 2, a cambio de un voto favorable para la exención de pago de derechos para nuevos competidores de telefonía celular, donde Televisa está en primera fila.”

Más claro ni el agua. Una llamada telefónica fue suficiente para comercializar de manera informal con una concesión del Estado. Una llamada pesó más que lo que les pesará a millones de mexicanos ajustar sus bolsillos para afrontar los aumentos en el IVA o en el ISR. Una llamada, que recibieron personajes como Rafael Moreno Valle, Ulises Ramírez, Juan Bueno y Guillermo Anaya, candidatos a la gubernatura de Puebla, estado de México, Veracruz y Coahuila, respectivamente, bastó para que 50 senadores votaran en contra de la propuesta de eliminar la condonación del pago por el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico durante dos años, sin lograr mayoría, y para que 252 diputados incorporaran nuevamente la exención de impuestos en la madrugada del domingo 1 de noviembre.

Si el caso de la aprobación de la ley Televisa fue ilustrativo de la magnitud con la que el poder mediático logró doblegar a dos poderes constitucionales, el Legislativo y el Ejecutivo en 2006, lo ocurrido este fin de semana tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores es evidencia suficiente para sostener que mientras no se acote la influencia de poderes como el de las televisoras en la arena política, todo intento por democratizar el andamiaje institucional del Estado estará destinado al fracaso, fortaleciéndose, por ende, una cultura política antidemocrática contraproducente para la convivencia e incluso para la paz social.

Nicolás Maquiavelo, en su obra clásica El Príncipe, sugirió que el político, entre otras cosas, habría de ser virtuoso, y entre las demás destacaba que una cualidad debería la de ser capaz de escuchar, escuchar al pueblo y a sus consejeros, aun cuando debía de tener cuidado de quién rodearse y de cuándo escucharlos. Lo anterior en alusión a la ya tan llevada y traída reforma fiscal, que no se concreta y aparenta no se concretará en el mediano plazo, que en el actual paquete económico 2010 ha logrado aprobarse de manera limitada, poco discutida a profundidad y con un tamiz nada prospectivo en términos de crecimiento y desarrollo económicos, la ley de ingresos para el siguiente año. Por lo cual hemos de recordar las declaraciones del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en referencia a los argumentos de tres premios Nobel en economía respecto de la propuesta fiscal del Poder Ejecutivo federal. Para pronto, el secretario en cuestión mando ignorar las recomendaciones de los personajes tan destacados y reconocidos a nivel mundial por sus aportaciones a la teoría económica. Dejando así en claro que “la verdad” descansa en los argumentos y estrategia de comunicación social del Ejecutivo federal respecto de su toma de decisiones. Ello hace remembrar el cierre del sexenio de Carlos Salinas de Gortari y el inicio del mandato de Ernesto Zedillo, con las consecuencias por todos conocidas de la, desafortunadamente, famosa crisis del 94. Por aquellos días se buscó hasta el cansancio al entonces secretario de Hacienda, con Salinas, Pedro Aspe Armella, para conocer sus puntos de vista respecto de la toma de decisiones en materia económica y las declaraciones de diversos académicos que formaron a Pedro Aspe en el extranjero. Las coincidencias apuntaban a una devaluación gradual del peso para reducir la presión devaluatoria de un solo golpe... Lo cual nos deja en claro que quien debió y podía decidir al respecto no lo hizo, el presidente en turno, y para cuando se decidió devaluar, Ernesto Zedillo lo hizo, la presión era tan fuerte que se disparó y conocemos el efecto... Una diferencia sustancial es que Aspe escuchó a los expertos y él mismo aconsejo a Salinas, mientras que Carstens desoye a los expertos y al parecer no aconseja al presidente, entonces ¿Dónde quedó la capacidad negociadora y argumentativa del secretario? Esa de la que se habló tanto al incorporarse al gabinete calderonista. No es cuestión de tecnocracia, sino de la más elemental política. Se trata de informarse y escuchar para decidir haciendo prospectivas factibles.

En la cultura anglosajona, los niños salen por la noche a tocar las puertas de sus vecinos para recitar la cantaleta: “truco o trato” (en inglés trick–or–treat). El trick–or–treat deriva de una leyenda popular celta según la cual los espíritus de los muertos y toda clase de entes intangibles eran libres de vagar por la Tierra la noche de Halloween. Entre ellos había uno extremadamente perverso que deambulaba por pueblos y aldeas yendo de casa en casa pidiendo, precisamente, “truco o trato”. La leyenda asegura que, sin importar el costo que éste tuviera, lo mejor era hacer trato, pues de no pactar, el espíritu maligno usaría sus poderes para hacer “truco”; lo que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes dejándoles toda clase de infortunios y calamidades. En otras palabras, habría que pactar para evitar el daño. A eso también se le conoce como extorsión.

Y estamos tan impregnados de la cultura de nuestros vecinos del norte que, la noche de brujas del 31 de octubre –noche de luna llena– y su consecuente madrugada, la puerta del inframundo se abrió y nuestros angustiados diputados optaron por el treat (trato) para evitar el trick, que no sólo tiene la connotación de truco sino, según el word reference, de: ardid, artimaña cabronada engaño, estafa, guarrada perrería, trampa, cochinada, trácala, treta, timo... www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=trick (consultado el 3/11/09). En efecto, optaron por el treat, y éste consistió en reponer, en la Ley Federal de Derechos, un período de gracia de dos años a los concesionarios que tendrán la explotación del espacio radioeléctrico de la banda ancha de tercera generación. Un “trato” que implica al erario público dejar de percibir, más o menos, 5 mil 600 millones de pesos a beneficio, eventualmente, de empresas bien conocidas: Televisa y Nextel, en cobertura nacional, y en coberturas locales Telcel, Iusacell y Telefónica. Dos años en que los futuros concesionarios del espectro radioeléctrico de 1.7 gigahertz, banda del desarrollo de la comunicación digital, no pagarán como contraprestación al Estado ni un solo peso.

De nada valieron las explosivas y enérgicas intervenciones de diputados con vergüenza y sentido patriótico. La consigna estaba acordada: “a los concesionarios no hay que molestarlos, no vaya a ser que se enojen y nos la cobren después, no poniéndonos en la tele o poniéndonos en situaciones incómodas...” Por ello, 252 diputados decidieron otorgar este privilegio en el pago de derechos. Privilegio, sin duda, con dedicatoria para los grandes capitales, mientras los ciudadanos de a pie cargamos con una onerosa miscelánea fiscal...

Así, las cuatro de la mañana del 1 de noviembre, después de dos horas de atender el debate a través del Canal del Congreso, me levanté de la silla y me fui a acostar con un acre sabor en la boca y con la cabeza punzándome. Parece ser que una vez más no importan los mexicanos, no importa nada, sólo los compromisos para continuar con el poder mientras otros, que se jodan...