La Procuraduría General de Justicia (PGJ) ha confiscado al menos 200 casas pertenecientes al grupo Sitma y a sus propietarios los hermanos Edmundo y Leonardo Tiro Moranchel, según dio a conocer ayer el titular de la dependencia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, quien aseguró que ninguno de estos inmuebles se encuentra en la capital.
El funcionario, en una entrevista, se mostró reticente a brindar información precisa y abundante sobre el tema, apelando al sigilo que deben tener las investigaciones, aunque sugirió que casi todos los edificios son nuevos, están vacíos y podrían haber tenido como destino la venta a favor de la compañía defraudadora o sus socios.
En el mismo diálogo con los periodistas, a Archundia Sierra se le preguntó sobre el estado del caso de la caja de ahorro Coofia, ante lo cual confirmó que hay más de 5 mil denuncias por el fraude, pero aclaró que todavía no se sabe con precisión cuántos ahorradores y deudores tiene dicha empresa.
Lo que sí aclaró, sin precisar números, es que hay órdenes de aprehensión contra los dueños de la financiera emitidas por la justicia federal y estatal, por lo que en estos momentos, al no haber sido detenidos, los dueños tienen el estatus de prófugos.
La entrevista se hizo por la mañana, pero Archundia adelantó que por la tarde de ayer se celebraría una reunión de las autoridades con los representantes del Fideicomiso Pago, para afinar más detalles sobre la recuperación del dinero para los defraudados.
En un tema relacionado, ayer la Procuraduría del Ciudadano, instancia que ha abogado por los defraudados de Sitma, Coofia y otras empresas, dio a conocer a través de un boletín que “gracias a la asistencia jurídica profesional y oportuna del defensor público (…), adscrito a la tercera sala en materia penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), en segunda instancia, se logró sentencia absolutoria a favor de un procesado y la disminución de condena de tres más. Los beneficiarios estuvieron sujetos a proceso en los distritos de Teziutlán, Tehuacán y Puebla”.
Es por ello, que el procurador del Ciudadano, Martín Fuentes expresó que “el trabajo de la institución encargada de ejercer la defensoría pública en la entidad, es factor de garantía en la correcta aplicación de la justicia en el estado, evitando que los resolutivos emitidos por el juzgador no hayan dado pie a cualquier viso de defensa establecido en la ley a favor del procesado”.
