El gobierno de la ciudad perdió una vez más un amparo de tipo laboral, y además de restituir de manera inmediata a María Luisa Hoyos Avelino como coordinadora de inspectores en la Comuna deberá reembolsarle la cantidad de 100 mil pesos por concepto de salarios caídos, informó el abogado del caso Javier Díaz Hernández.
Entrevistado este martes por La Jornada de Oriente, el litigante confesó: “hablamos nuevamente de una lección de democracia y de justicia para los ciudadanos de Atlixco, y en este caso para María Luisa Hoyos, quien funge al mismo tiempo como líder moral de la Unión de Locatarios y Comerciantes Independientes (ULCIA)”.
También “es una exhibición del abuso de poder y de la injusticia con la cual gobierna el alcalde porfirista Eleazar Pérez Sánchez, quien cada vez evoluciona de manera negativa. Antes, por su comportamiento como primer regidor, era autoritario, pero hoy mantiene una postura poco digna en materia del respeto de los derechos humanos más elementales”. Y es que “tiene la costumbre de despedir a los empleados del ayuntamiento sin ningún tipo de consideraciones legales como es entregar una liquidación justa y correcta. Eleazar Pérez debe entender y comprender que los modelos del pasado ya no tienen ningún tipo de aplicación en el presente”.
María Luisa Hoyos “quedó tiempo atrás separada o suspendida provisionalmente de sus funciones como coordinadora de inspectores en la dirección de comercio, abasto y vía pública. Y después de un largo litigio, de cerca de un año, afortunadamente con un amparo logramos ya su plena restitución en el cargo mencionado. La ley entonces exige al edil porfirista ingresarla como funcionaria y entregarle sus salarios insolutos, que ascienden a 100 mil pesos, en un plazo de 24 horas”.
La dirigente de la ULCIA fue despedida “por una coyuntura oportunista de parte del alcalde Eleazar Pérez Sánchez porque es la asesora de las llamadas ‘Marías’, grupo que entró en conflicto con la autoridad el año pasado por los espacios en la calle 5 Poniente. Al ser coordinadora de inspectores del comercio deciden utilizarla para controlar y levantar a esas mujeres de la vía pública”.
Sigue: “de mala maña su jefe, Mateo Sánchez, hace una llamada al celular de María Luisa Hoyos para presentarse un día domingo y revisar el caso del retorno de esas vendedoras tras ser maltratadas por granaderos. Obvio, no estuvo localizable, y entonces los altos mandos de la administración local opinan que faltó a sus funciones públicas encomendadas y en consecuencia es suspendida provisionalmente y puesta a disposición de la oficina de recursos humanos.
De ahí iniciamos una investigación administrativa y logramos ganar el proceso disciplinario ventilado en la Contraloría para pasar a un amparo en protección de la lesionada en sus derechos laborales”.
