Diversas instancias de gobierno federal alertan a través de campañas mediáticas, en contra de los abusos que realizan instituciones bancarias y de servicios. Lo mismo indican la pertinencia de leer la letra chiquita antes de firmar cualquier contrato, que, de contar los pretensos abusos que adultos quieran cometer en contra de niñas, niño o adolescentes e insisten en que afectadas y afectados se lo cuenten a quien más confianza le tengan. Sucede lo mismo con los refranes populares que advierten sobre la naturaleza de las amistades; “dime con quién andas y te diré quien eres” tanto como aquel que indica que el que anda con lobos a aullar aprende, o el que insta a rechazar el auxilio del compadre.
Las campañas y los refranes pueden aplicarse a diferentes actores, entre ellos a los ciudadanos y a los gobiernos de la federación, de los estados y los municipios al analizar los proyectos de ingreso y gastos de la federación 2010 –que se discuten y aprueban en estos días en las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión. Pero si bien mientras que el pueblo clama por que cesen las ayudas de los políticos que no sólo afectan el bolsillo de los particulares en aras de propiciar el “patriótico” gasto público, amarran a diferentes esferas y ámbitos de las administraciones locales y municipales utilizando para ello textos encubiertos que serán aprobadas, no quepa la menor duda, por los “heroicos” representantes del pueblo al tiempo que crucifican a los “enemigos” de la Federación, usando para ello, un garrote presupuestal legitimado por quienes originalmente fueron contratados por los gobernadores.
Pero si el capítulo referente al despojo y la transferencia de recursos financieros de los que menos tienen a la alta burocracias ya ha sido consumado por ambas cámaras a través de los incrementos a impuestos, derechos y obligaciones, queda pendiente ahora, ajustar cuentas a quienes, partidos y gobiernos de oposición, propiciaron la derrota electoral del gobierno federal emanado del PAN y cobrar caro el usufructo de los recursos que a través del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010 (PDPEF2010), que tiene como destinatarios, fundamentalmente, a las administraciones, cuyo origen es el de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática.
Pero a pesar de que en la Ley Coordinación Fiscal se establece que “Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los Estados, Municipios y Distrito Federal, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento. (capítulo I, De las Participaciones de los estados, municipios y Distrito Federal en ingresos federales) y existir en ese documento reglas claras para la aplicación eficiente de los recursos del erario, el, genera una serie de travas que afectarían, en caso de llevarse a cabo, a quienes radican en cada una de las entidades que pudiesen ser sancionadas por omisiones de los gobernantes como se señala en el párrafo cuarto del artículo II, del capítulo único del título segundo: Del Federalismo (de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal). “Los recursos federales a que se refiere el párrafo anterior no podrán ser ministrados cuando las entidades federativas y, en su caso, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal presenten adeudos en el pago de las contribuciones federales y de otras obligaciones que tengan con la Federación. Se exceptúan de lo anterior los órdenes de gobierno que se hayan adherido a esquemas de regularización de adeudos establecidos por el Gobierno Federal en los términos de las disposiciones aplicables y se encuentren al corriente en el cumplimiento de las obligaciones pactadas que deriven de los mismos. Para tal efecto, los servidores públicos competentes de dichos órdenes de gobierno deberán manifestar por escrito, de manera previa a la primera ministración de recursos, que están al corriente en dichas contribuciones u obligaciones o, en su caso, que se han adherido a los esquemas de regularización de adeudos respectivos y que se encuentran al corriente en las obligaciones que derivan de éstos.”. De la misma forma, en el párrafo dos, artículos III, se establece con toda claridad que “No se continuarán las ministraciones de subsidios o gasto reasignado que no cuenten con indicadores de resultados en términos de las disposiciones federales aplicables o cuando no se cuente con un programa de evaluación sobre la aplicación de los recursos federales que reciben las entidades federativas y municipios, establecido por las instancias técnicas locales a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”.
Pero aún y cuando el destinatario de las medidas sean las administraciones gubernamentales, no escapa a la reflexión que por causa de una deficiente entrega de recursos para cumplir con las obligaciones transferidas por administración federal a las locales para cumplir a través de las Secretarías de Educación con los pagos del personal federalizado como se establece en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, muchos de los despachos educativos, si no es que todos, por anjas o por mangas, mantienen adeudos con la Federación o con el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, que implicarían la suspensión de las ministraciones y mediante esta acción, el consecuente conflicto con los trabajadores de origen federal que provocaría una suspensión de sus pagos.
