Finalmente el Congreso de la Unión acabó, este fin de semana, aprobando un paquete fiscal que impone alzas a los impuestos que gravan el consumo y los salarios. Diversos analistas han señalado que estas medidas principalmente van a afectar a la población que no cuenta con seguridad social, cuyo impacto negativo lo resentirán principalmente en la compra de alimentos y medicamentos, así como en su acceso a los servicios de salud.
Tan sólo en el estado de Puebla más de 800 mil trabajadores, junto con sus familias, no cuentan con seguridad social, por lo que será el sector más vulnerable al alza de gravámenes que aprobaron legisladores del PAN, el PVEM y el PRI, destacando el comportamiento nada congruente de los priistas que en el pasado proceso electoral recuperaron muchos espacios bajo la promesa de que defenderían la economía de las familias de clase media y los sectores populares del país.
Lo ocurrido en el Congreso de la Unión no puede verse como una miscelánea fiscal más, cuya inconformidad se diluye unas semanas después. Las condiciones actuales del país, como resultado de las crisis económica y alimentaria, así como de la creciente violencia y un aumento en los índices de desnutrición, pobreza y del trabajo precario no solamente lo colocan en condiciones de no soportar más sacrificios de la población, sino de que no se pueda seguir manteniendo la estabilidad social y la gobernabilidad.
Aunado a lo anterior, la democracia mexicana se hunde en el descrédito como consecuencia de una clase política insensible y que no tiene la capacidad de entender los problemas que están hundiendo al país en una abismal desigualdad social.
