La falta de planeación y de procesos claros y abiertos hace que el Congreso local en tiempos muy acotados tenga que aprobar o reprobar las cuentas públicas de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como de los 60 ayuntamientos y de los cinco organismos autónomos.
Es absurdo que autoridades que dejaron el poder hace más de dos años, en estos momentos estén en la revisión de sus cuentas y solventando sus irregularidades porque en su momento el Congreso local no tuvo tiempo de hacerlo.
Quienes han tenido que presentarse ante las oficinas del Órgano de Fiscalización Superior lo han tenido que hacer llevando un abogado, pues no saben si podrán regresar a su casa o serán detenidos, lo que hace que entre ellos cunda el pánico.
La acción de los legisladores locales se interpreta como una labor enfocada a crear incertidumbre y a forzar los alineamientos políticos y aunque esto no sea cierto, quienes son requeridos consideran que esta es la causa principal.
En tiempos electorales, las cuentas públicas se convierten en una espada de Damocles, desde donde puede definirse una buena parte de la influencia de los municipios y en ese sentido consolidar las posiciones.
La LIX Legislatura tiene la oportunidad de establecer criterios claros y transparentes para desarrollar una tarea que es importante y vital para la vida pública, pero que no puede estar sujeta a caprichos políticos.
Las cuentas públicas tienen que someterse a análisis y revisión al tiempo en que se terminan los ejercicios y para ello se requiere utilizar sistemas digitalizados en los que se pueda trabajar al día.
El gobierno federal ha establecido ya el criterio de un sistema de contabilidad gubernamental, a efecto de alinear las formas en que se planea, se asigna y se comprueban los recursos públicos.
