Si el Senado de la República aprueba el incremento de un punto porcentual al IVA y dos al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que se propone en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 que se está analizando, provocaría que las familias pobres se hundan más en la miseria e impediría que aquellas que se ubican en los rubros de ingreso bajo y medio disfruten del “derecho a la salud”, ya que tendrían que destinar más del 50 por ciento de sus ingresos para poder acceder a servicios médicos, medicamentos y atención hospitalaria.
Así lo advierte un análisis de la Coalición por la Salud de las Mujeres, integrada por 10 organizaciones no gubernamentales en México como Fundar, GIRE, Mexfam, CIMAC, Ipas, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México Kinal Antzetik Distrito Federal, A.C y el Comité Promotor por una Maternidad Sin Riesgos.
En el estado de Puebla, un millón 828 mil 519 habitantes forman parte de los rubros de ingreso bajo y medio, y son, los que, a decir de la Coalición por la Salud de las Mujeres, resultarían más perjudicados por los nuevos impuestos, ya que sufrirían “efectos lacerantes” para acceder a los servicios de salud.
De acuerdo con el estudio, actualmente el gasto que tienen que realizar las familias, que están dentro del rubro uno de ingresos –tienen un salario mensual de 6 mil 118 pesos o menos–, para atender un problema de salud de uno de sus integrantes, equivale el 48 por ciento de sus ingresos, es decir, con 2 mil 930 pesos cubren los servicios médicos, medicamentos y atención hospitalaria.
No obstante, con la carga impositiva, el porcentaje que tendrían que erogar para poder acceder a los servicios de salud ascendería a más del 50 por ciento, gasto que “podría sumir a las familias pobres definitivamente en la miseria”, alerta la Coalición por la Salud de las Mujeres.
Si a una familia del decil uno que tiene que asumir los gastos de uno de sus miembros por problemas de salud, se le suma un embarazo, tendría que erogar mil 883 pesos adicionales, lo que significa 31 por ciento más.
El impacto negativo también llegaría a las familias que forman parte del rubro dos, cuyos ingresos son de 10 mil 687 pesos mensuales, ya que destinarían 2 mil 442 pesos, es decir, 23 por ciento de su presupuesto en medicamentos y atención hospitalaria. Pero con un embarazo, el gasto alcanzaría los 2 mil 526 pesos, que abarca otro 24 por ciento de los ingresos.
La Coalición por la Salud de las Mujeres afirma que el actual sistema recaudatorio y los mecanismos de redistribución de ingresos no han demostrado “ser capaces de mitigar ni los efectos negativos de un aumento en los gravámenes, ni los índices de pobreza”.
Establece que aunque desde el 2000 se ha fortalecido el presupuesto de los programas Oportunidades y Abasto Alimenticio, éstos no han demostrado efectividad en el combate y disminución de la pobreza. Al contrario, entre 2006 y 2008 aumentaron los niveles.
Por ello, destaca, se deben diseñar mecanismos de redistribución que no generen dependencia, como garantizar opciones de ingreso sostenible en el corto, mediano y largo plazo, y ofrecer subsidios directos que permitan a las familias más pobres enfrentar riesgos como pérdida de salud, que derivan en gastos catastróficos, y que causa caer en los niveles de pobreza extrema.
Recorte en programas prioritarios de salud
A pesar de que prevalece un consenso en el discurso federal de que la salud es una de las primeras necesidades que el gobierno se encuentra en obligación de satisfacer, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, que se aprobó en la Cámara de Diputados, denota que hay “una prioridad marginal” para este rubro, ya que hubo reducciones “fácticas” para el ramo 12, que se emplea para atender la salud de más de 50 millones de personas que no cuentan con seguridad social, a través de programas sociales relacionados con el combate a la pobreza y a estrategias para fortalecer las redes de los servicios de salud, las acciones de atención a personas con discapacidad, familias y población vulnerable.
En la propuesta de Ley de Egresos, que actualmente se está analizando en el Senado de la República, se registra una reducción de 84.2 por ciento en los subsidios destinados a las entidades federativas a través del ramo 12, mientras que en el Presupuesto de Egresos de 2009 los subsidios representaron 10.2 por ciento del gasto total en salud, en el de 2010 éstos equivaldrán únicamente el 1.6 por ciento del gasto total.
El análisis enfatiza que la reducción del gasto social en salud no prevé el aumento de muertes y enfermedades en grupos vulnerables en tiempos de crisis.
Refiere que la crisis financiera de 1995, por ejemplo, provocó unas 7 mil muertes adicionales en niños y jóvenes y 20 mil fallecimientos más en ancianos. Estos hechos, subraya, no los están previendo los legisladores.
Además, dentro de la propuesta para sostener acciones de servicios de salud sexual y reproductiva, los programas para la prevención y control de cáncer cérvico uterino, de mama, de prevención y atención de la violencia familiar y de género, así como el de igualdad de género en salud no cuentan con ninguna asignación presupuestal.
La Coalición por la Salud de las Mujeres advierte que de no asignarse presupuesto para el programa de cáncer cérvico–uterino (CaCu), equivaldría a haber desperdiciado los recursos asignados el año pasado, pues las mujeres que no han completado el esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano, quedarán igualmente vulnerables al agente patógeno.
El programa de Prevención y Atención al VIH y otras infecciones de transmisión sexual también registra un recorte en el presupuesto. En el presupuesto de egresos 2010 aparece con una asignación de 140 millones de pesos, 53.3 millones menos que los 193.33 millones aprobados para 2009. Los subsidios destinados al Seguro Popular, con los cuales se da servicio a las personas afiliadas al programa, tendrán un recorte de 218 millones 960 mil 431 pesos, respecto al 2009. La disminución de estos subsidios, provenientes de la cuota social y de la aportación federal, implica un decremento en la transferencia de recursos a los estados con los cuales se costean los servicios y medicamentos de los afiliados al Seguro Popular. En análisis advierte que en 2010, el Seguro Popular apenas contará con recursos suficientes que permitan garantizar que los ya beneficiarios accedan a las intervenciones y medicamentos ofrecidos por el esquema y no cumplirá el objetivo de “evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud”.
