Mientras la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgaba un amparo a Germán López Brun, mediante el cual se ordena que se le restituya en el cargo de magistrado del Tribunal Estatal Electoral (TEE), el Congreso local de Puebla se encontraba paralizado como resultado de que un grupo de legisladores, del PRI y la oposición, se encuentran en un viaje en Puerto Vallarta.
Este fallo exhibe que el Poder Legislativo guía su trabajo con criterios de negociación política y no con respeto a la legalidad. Es una instancia que no cumple con su papel de ser un contrapeso de los demás poderes públicos, que no es creíble la fiscalización que ejerce del gasto público y que muchos de quienes llegan de diputados no cuentan con la formación necesaria para desempeñarse como representantes populares.
Una muestra de ello es la frivolidad con que un grupo de diputados se van a una reunión a una playa de Jalisco. Estos legisladores no son conscientes del descrédito en que se encuentra su actividad y que en el Congreso de Puebla hay muchas iniciativas de ley que están archivadas, sin que nadie las revise, y eso impide que en el estado se cuenten con instrumentos legales para resolver muchos problemas que enfrenta la sociedad.
El caso de Germán López es una importante aportación, pues el mensaje que manda la SCJN con dicho fallo es que los diputados no son virreyes para desconocer las garantías constitucionales. Si el Congreso local quiere demostrar que respeta la legalidad, este día debe asumir con humildad y respeto institucional que se equivocó y cometió un acto ilegal al impedir que López Brun siguiera como integrante del TEE.
