Una comisión de representantes de los defraudados de Financiera Coofia acudió este miércoles al Congreso de la Unión para solicitar la intervención de los diputados federales y senadores en el caso y así lograr la restitución del 100 por ciento de los ahorros en el menor tiempo posible.
Matilde Ventura, una de las representantes de los afectados, indicó que entregaron varios oficios a diferentes fracciones legislativas para que supieran del fraude millonario que cometió dicha financiera en contra de más de 70 mil clientes a nivel nacional –de los cuales 38 mil son de Puebla–, y cuyo propietario era Valente Medina Seoane.
En entrevista, señaló que buscan la creación de comisiones de seguimiento de este asunto en las cámaras de diputados y senadores con el fin de que vigilen la auditoría que realizará el gobierno del estado y ésta se lleve a cabo de forma adecuada para que no se deje a ningún ahorrador sin su pago.
Agregó que a través de los oficios solicitaron la modificación de la ley del Fideicomiso Pago o que se busque otra forma de garantizar la restitución del 100 por ciento de los ahorros y no solamente del 70 por ciento que se ofrece sobre un monto de hasta 240 mil pesos.
“No estamos dispuestos a recibir únicamente el 70 por ciento de nuestros ahorros, además de que hay mucha gente que tenía en la financiera más de 300 mil pesos, y prácticamente perdería la mitad del dinero o los que tenían más de 500 mil pesos sólo recibirían una cuarta parte”, señaló.
Asimismo, los defraudados de Coofia acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la presidencia de la República –conocida como Los Pinos–, en donde entregaron otros oficios para comunicarles sobre el caso y solicitar su intervención.
Añadió que los documentos fueron recibidos por las oficialías de parte de cada dependencia y regresarán en una semana para saber la respuesta de los mismos.
El oficio que entregaron a las instancias –cuyas copias obran en poder de este diario– señala: “que se investigue a fondo a la Financiera Coofia S. A. de R. L. y se aplique todo el rigor de la ley a aquellas personas involucradas en este fraude que por dolo u omisión nos han causado daño, tanto moral como económico”.
Finalmente, indica que el fraude es consecuencia de que no existió una supervisión adecuada de la financiera por parte de las autoridades gubernamentales. “Porque la Federación encargada de supervisar y reportar los estados financieros de Coofia no observó la falta de liquidez a tiempo”.
