Un buen amigo comentaba que la riqueza de un país la generan los trabajadores, y qué verdad más cierta, todos y todas las personas que a diario salimos de nuestra casa a desempeñar cualquier trabajo, por modesto que sea, estamos generando riqueza.

Todas las empresas dependen del trabajo de sus empleados. ¿Imaginan ustedes a Slim, el hombre más rico de México, sin empleados?..., pues por más audaz que hubiera sido para los negocios sin empleados jamás hubiera logrado esa inmensa fortuna, lo mismo las televisoras, las cementeras, cerveceras, hoteleras y autoservicios, que según un artículo publicado en La Jornada el sábado 17 de este mes, los 400 grandes consorcios que el año pasado ganaron casi 5 billones de pesos, pagaron solo el 1.7 por ciento de Impuesto sobre la Renta (ISR), esto es, 10 veces menos de lo que paga cualquier mortal. Esa ganancia, quién lo duda, fue generada por todos sus trabajadores, sin ellos eso hubiera sido imposible, por esa sencilla razón esa fuerza de trabajo merece tener un sueldo decoroso y, como establece la Constitución, suficiente para satisfacer las necesidades de la familia del trabajador en el orden material, social y cultural y educativo, así que tener un salario digno no es delito, y más bien todos los trabajadores de este país deberían disfrutar de estas garantías, como lo hacían los trabajadores de LFC, a quienes de manera arbitraria se les ha  quitado su empleo. La pérdida de ingresos de los 44 mil trabajadores ejerce un brutal impacto en el bienestar de sus familias, lo cual le ha importado poco a Calderón; además, estos trabajadores son los que mantenían en operación la empresa administrada por el gobierno federal, y es ahí que nos damos cuenta de la mala, malísima administración de que ha sido objeto.

Por eso hoy nos preguntamos: ¿Dónde está el administrador de LFC? ¿Quiénes son responsables de fijar las tarifas preferenciales? ¿Quiénes las cobran? ¿Quienes obligan a LFC a comprar la luz a la CFE y venderla más barata a los empresarios? ¿Quiénes decidieron dejar de invertir en la modernización de la empresa? 

En las respuestas están los responsables de despilfarrar ese dinero público, no los trabajadores que están siendo objeto de una injusta y dura crítica, al grado de achacarles la pérdida, según el inútil “presidente del empleo”, de  100 mil puestos trabajo y del 1 por ciento de PIB. Nada más absurdo, ahora dicen que van a recontratar a esos mismos “ineficientes” porque obvio, no han podido sustituir con éxito sus funciones, sólo que después de que hayan renunciado a las prestaciones que les da el contrato colectivo de trabajo, contrato aceptado y firmado por el Secretario del Trabajo Javier Lozano y que pretende desconocer.

Quienes aplauden a Calderón, mire bien, son esos empresarios que día a día se enriquecen, aun más, por dos vías: evadiendo impuestos y pagando bajos salarios y dejando a sus trabajadores sin prestaciones, es decir, explotados al máximo. Esa es la razón por la cual debemos oponernos a la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Hoy son ellos, mañana pueden ser otros, podemos ser todos. Defendamos juntos los derechos conquistados por los trabajadores del país, los verdaderos creadores de la riqueza, pensemos en que nuestros hijos serán los trabajadores de mañana.

“Lo ocurrido la madrugada del sábado 10 de octubre demostró que el verdadero problema del gobierno de Felipe Calderón con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) no era el asunto de la democracia sindical, como durante una semana argumentó el titular del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, al negar la “toma de nota” de la dirigencia del SME.”

“El asunto no es sindical ni de eficacia económica. El tema es de intereses corporativos y de alianzas políticas. Cada día se va prefigurando el verdadero objetivo de este golpe policiaco–militar: tomar el control de una compañía que puede representar un jugoso negocio para quienes obtengan la concesión de la instalación de las redes de fibra óptica en el área del Valle de México, el mercado más importante, por volumen poblacional y por nivel de ingresos, para el negocio del triple play, es decir, la transmisión de datos, audio y video a través de una red alterna. En este caso, la red de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro ahora es de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Es un negocio, dice Martín Esparza, dirigente del SME, es una oportunidad para las empresas eléctricas porque además de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, LFC cuenta con una cobertura de uno por ciento del territorio nacional. Tenemos una fibra para usos propios y capacidad de excedente. Podemos poner a disposición de la sociedad en general el servicio de voz, imagen e Internet (triple play) con una respuesta muy rápida.

“El SME y el director de Luz y Fuerza del Centro, Jorge Gutiérrez Vera, presentaron ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 30 de junio de 2009, un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer los servicios de triple play. “Ahora sabemos o intuimos que este desafío de un sindicato y de la empresa paraestatal afecta los intereses de quienes andan tras un negocio que está valuado en 6 mil millones de dólares.”

Condenamos enérgicamente el uso de la fuerza en contra de la razón y los derechos de los trabajadores electricistas de LFC.

Ahora se ha dado un duro golpe a los trabajadores que son los únicos creadores de la riqueza de LFC, riqueza que han dilapidado los administradores nombrados por el gobierno federal.

En este conflicto, los medios de comunicación, encabezados por el duopolio televisivo, como siempre han desempeñado un papel perverso impidiendo que se escuche la voz de los trabajadores, difundiendo solo la versión del gobierno y de quienes lo apoyan.

De prevalecer esta actitud gubernamental, se sentaría un pésimo precedente ya que estarían en riesgo, no sólo los derechos de los trabajadores electricistas sino también de todos los trabajadores en general, en particular de aquellos que difieren de la política del régimen.

Si no defendemos los derechos de los trabajadores ahora, el autoritarismo del régimen nos llevara a la perdida de garantías individuales, como ocurre ya en varias regiones del país donde existe un verdadero estado de excepción.

Convocamos a la ciudadanía a mantenerse movilizada y alerta hasta la derogación del decreto de extinción de LFC, lo que nos exige apoyar las acciones de los trabajadores de esa empresa en su digna lucha de LFC.

Concejo Popular por la Refundación de las Izquierdas

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