Como senador de la República, me parece inoportuno –por decirlo con suavidad– que el titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, convoque al patriotismo de la ciudadanía para conseguir apoyo a su propuesta de un aumento generalizado en los impuestos existentes y al establecimiento de otros nuevos.
Merece especial atención, en este llamado al “patriotismo”, un impuesto del 2 por ciento a la totalidad de los bienes y servicios, el cual ha sido calificado por académicos prestigiados como Rolando Cordera e instituciones tan diversas como el Consejo Coordinador Empresarial y el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) como un IVA disfrazado.
Felipe Calderón, desde hace dos semanas, argumenta que con el recorte de gastos en su administración por 80 mil millones de pesos el gobierno hace su parte, y afirma que el proyecto fiscal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la Cámara de Diputados no es sólo la mejor opción, sino la única para que su gobierno haga frente al desastre económico que vive el país. Pero, de acuerdo con afirmaciones formuladas por el titular de la SHCP, Agustín Carstens, existe una alternativa clara al paquetazo financiero que pretende hacer aprobar el gobierno panista.
Es conveniente recordar que el titular de la SHCP reconoció, en su comparecencia ante los diputados, que la eliminación de los llamados regímenes fiscales especiales –como exenciones de impuestos por ventas de empresas en la bolsa de valores, depreciación prematura de activos, renegociaciones de créditos fiscales impagados, más otros procedimientos– generaría recursos por 465 mil millones de pesos para las arcas públicas.
Lo anterior no es una revelación surgida en el ríspido encuentro del secretario de Hacienda con los legisladores: es un hecho conocido y un elemento sustantivo de la grave situación por la que atraviesan las finanzas públicas. Pero también lo es de la petrolización del gasto y también contribuye a la alta concentración de la riqueza en una parte minoritaria de la sociedad mexicana.
Estamos todavía en el debate que tuvo su origen en la elección presidencial de 2006, y en el que Andrés Manuel López Obrador de manera enfática señalo que las grandes fortunas y los grandes capitales no pagan los impuestos que deberían, y que cuando lo hacen el erario suele devolvérselos.
Negarse a la posibilidad de eliminar las exenciones fiscales a potentados y a corporaciones, resulta una incongruencia ante el desmedido incremento impositivo propuesto por el gobierno para los causantes más desfavorecidos: los contribuyentes cautivos y los consumidores de productos básicos. En los hechos, se observa que Felipe Calderón no busca enmendar una injusticia mayúscula que nos habrá de llevar a una aberración económica que es seguro habrá de causar graves daños a la economía de la mayoría de las familias mexicanas.
En días recientes, importantes grupos empresariales han unido sus voces a los señalamientos que indican que las medidas de austeridad propuestas por Felipe Calderón son excesivas e injustificables.
Es importante hace mención que frente al paquetazo de impuestos elaborado por la SHCP, sí hay otras opciones a los problemas financieros del sector público. En el paquetazo de impuestos elaborado por la SHCP, existe, están a la vista y su adopción es económica, política, social y moralmente aconsejable, necesaria y hasta obligada: el clamor ciudadano que demanda ante todo: probidad, transparencia y eficiencia administrativa en las dependencias del Poder Ejecutivo.
