Sanciones que pueden llegar hasta los 5 mil salarios mínimos pueden aplicarse contra aquellos establecimientos que no estén adecuados para aplicar la Ley General para el Control del Tabaco, advirtió Baraquiel Saloma Linares, director de Regulación y Fomento Sanitario, quien exhortó a los propietarios de esos negocios a mantenerse dentro de la legalidad.
El sector salud reunió, ayer, a los propietarios de restaurantes, hoteles y todo negocio obligado a dar cumplimiento esta ley, a fin de darles a conocer que ya se iniciaron los operativos para verificar que se trabaje dentro de lo que esa ley marca.
Baraquiel Saloma adelantó que serán estrictos en la aplicación de esa ley, porque se trata de un asunto de carácter federal que está vigente desde el año pasado y que debe ser observado por todos; de lo contrario habrá sanciones.
Respecto a algunas quejas de restauranteros que señalan sentirse un tanto acosados por la dureza de las autoridades, señaló que no hay tal actitud, pues dijo que de querer ser muy fuertes se habría iniciado con las sanciones desde el año pasado, pero todavía les dieron tiempo para hacer las modificaciones necesarias.
Dado que en esta ciudad hay establecimientos que todavía no tienen sus instalaciones divididas en áreas, sugirió que los propietarios declaren sus negocios como “100 por ciento libres de tabaco” con lo cual resolverán el problema.
Ello equivale a que en esos lugares simplemente se aplicará la prohibición para fumar, algo que no pareció ser del agrado de los comerciantes del ramo, pero advirtió que de lo contrario quien incumpla la ley tendrá que asumir el riesgo de la multa, la cual puede llegar hasta los 5 mil salarios mínimos.
Señaló que con una medida de esas se evitan sanciones y pueden darse tiempo para hacer un proyecto para que sus establecimientos se modifiquen y en un futuro cambiar nuevamente.
Advirtió que “ya no habrá tolerancia, ya es necesario que vayan pensando que hay que respetar la ley, y si nosotros seguimos siendo tolerantes, pues se van a quedar con la idea de que no se va a aplicar”; además, agregó que se trata de una cuestión administrativa para el beneficio de la población.
