Unos 30 elementos de la Policía Ministerial con los rostros encubiertos irrumpieron de forma violenta en las Torres JV –ubicadas en la zona de Angelópolis– con el fin de poner sellos de clausura en los pisos 12, 13 y 15, que eran las oficinas de Financiera Coofia.
En su afán por cerrar las oficinas de la quebrada caja de ahorro, los agentes irrumpieron incluso en otros negocios localizados en los edificios, como la casa de apuestas Play City y las oficinas de Nextel, lo que provocó el pánico de muchos clientes.
De acuerdo con el gerente de las Torres JV, José Luis Rebolledo, los elementos policiacos actuaron de forma violenta y prepotente, pues asustaron a las personas que estaban en otras oficinas de dicho corporativo.
En tanto, lo único que se sabe es que la autoridad judicial puso dichos sellos como parte de las primeras diligencias provocadas por las denuncias penales que por desfalco interpusieron clientes y socios d ela financiera.
José Luis Rebolledo señaló que fue tal el abuso de autoridad que la gente pensó que se trataba de un asalto, pues los elementos llegaron en 10 vehículos sin placas y vestidos de civiles, sin mostrar placas.
Agregó que ante estos hechos presentarán una denuncia por abuso de autoridad, en la que responsabilizarán al al procurador General de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, y a al secretario de Gobernación Mario Montero por ordenar este aparatoso operativo.
La maniobra se registró un poco después de las 5 de tarde y duró alrededor de una hora.
El gobierno quiere ser juez y parte
Defraudados de Financiera Coofia denunciaron que el gobierno del estado quiere ser juez y parte en el fraude de esta caja de ahorro, pues ellos avalaron su funcionamiento cuando permitieron que recaudara los impuestos locales.
Aseguraron que el único interés del gobierno de Mario Marín con su intervención en el caso es evitar que los perjudicados por este fraude se organicen y de esta forma puedan exigir su dinero.
Uno de los representantes de defraudados de Teziutlán, Luis Moreno, explicó que funcionarios de la Procuraduría del Ciudadano están confundiendo a la ciudadanía al asegurarle que van a recuperar el dinero que se les debe, lo cual es falso, ya que lo único que van a hacer es interponer las denuncias penales y mercantiles.
Por ello, aseguró que los afectados deben seguir organizándose para garantizar el pago y no confiarse de los gobiernos federal y estatal sobre que lo harán, cuando más de una vez han engañado a la ciudadanía.
