El hecho de que en el país impere una ola de crímenes y cifras avasallantes como resultado del combate a la delincuencia organizada y a la disputa entre los cárteles no es impedimento para que manifestemos nuestra preocupación e indignación por la muerte de los tres albañiles sucedida el pasado viernes en las obras para la construcción de un colector pluvial en La Resurrección.
No es una sorpresa que la mayoría de los empresarios dedicados a la construcción pasen por alto las leyes que los obligan a retribuir económicamente y con prestaciones el esfuerzo de sus empleados. Mucho menos es nuevo saber que esos hombres de negocios, de moral relajada, escatiman al máximo las medidas de seguridad para los trabajadores.
Pero el caso que nos ocupa es verdaderamente escandaloso, pues los constructores enviaron a los alarifes a un verdadero sepulcro. El colmo es que seguramente no habrá, ya no digamos un cargo penal fincado, siquiera una responsabilidad administrativa contra los dueños de la empresa, los capataces y los funcionarios públicos que debieron autorizar la obra en cuestión.
Lo que es un hecho es que esta tragedia es una muestra más que abona a la desazón colectiva. Al país le urge tener muestras de que no es del todo un proyecto inviable. Es indispensable tomar medidas y rumbos distintos a los que estamos habituados, hacer la revisión pertinente para demostrarnos que podemos construir una nación plenamente habitable.
