Esta semana, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa pronunció dos mensajes por televisión en cadena nacional: el lunes, para anunciar la remoción y el reemplazo de tres funcionarios de primer nivel de su equipo, y el martes presentó un presupuesto de ingresos cargado de nuevos impuestos, dirigidos, como era de esperarse, a la población que menos tiene. Entre estos nuevos impuestos el más grave y reprobable, en un país inmerso en crisis económica, alimentaria y desempleo, es quizás el aumento del 2 por ciento al gravamen en todos los artículos que el consumidor adquiere a través de una transacción económica.
Esto es, más impuesto en todo, incluidos alimentos y medicinas. Con el agregado del 2 por ciento más al ya existente 12 y 15 por ciento de impuesto en todos los artículos. Esta cauda de impuestos tuvo como antecedente previo la remoción de los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora; de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto Cárdenas Jiménez.
Los secretarios de Estado removidos de sus puestos habían sido cuestionados por su ineficiencia y falta de oficio político. Medina Mora fue objeto de persistentes cuestionamientos por la enorme corrupción que gravita en esa institución, por el incremento de las violaciones a las garantías individuales y por la confrontación que tuvo a lo largo de su encomienda con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Reyes Heroles, en Pemex, desplegó una campaña mediática para tratar de beneficiar a intereses privados en segmentos estratégicos de la industria petrolera.
En su gestión, la paraestatal aceleró su crisis interna, no sólo por causas externas, entre ellas por la caída internacional de los precios del crudo, y por el enorme contratismo y la incapacidad o falta de voluntad para planificar y racionalizar la producción de hidrocarburos.
De la gestión de Alberto Cárdenas en la Sagarpa queda explícita su acción a favorecer a grandes empresas agroexportadoras.
Es de preocupar que la elección de los sucesores, lejos de representar un viento renovador, despierte cuestionamientos y duras críticas. Juan José Suárez Coppel llegó a la Dirección General de Pemex con un expediente laboral que hace dudar de la pertinencia de su nombramiento. Sus antecedentes en la Dirección de Finanzas de Pemex son objeto de severos comentarios periodísticos, en donde se cuestionan su apego profesional por la especulación financiera poco responsable y por los altos grados de opacidad con los que gusta trabajar.
Arturo Chávez Chávez fue propuesto para encabezar la PGR, como procurador de Chihuahua (1996 a 1998) fue incisivamente cuestionado por sus omisiones, negligencias y por la comisión de irregularidades graves, particularmente ante los feminicidios de Ciudad Juárez. En cuanto al relevo de Alberto Cárdenas por Francisco Mayorga en la Sagarpa, esta decisión se sustenta en la necesidad de dar continuidad a las políticas agrarias en curso.
