El pasado 1 de septiembre el señor Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión su tercer informe de gobierno, y al día siguiente, con un auditorio muy a modo y utilizando los últimos adelantos tecnológicos, así como de pantallas gigantescas dispuestas para su lucimiento personal, pronunció  un mensaje donde debió dar a conocer el estado general que guarda la administración del país.

Ofreció “llamar a un diálogo que no tenga otro propósito que el de analizar y resolver los problemas que el pueblo de México está sufriendo, y cuya solución es impostergable”; “convocar a todas las fuerzas políticas, por el bien de México”; “seguro universal de salud”; “construir infraestructura productiva”; “crear el empleo que demandan los jóvenes que hoy están terminando de estudiar”; “superación de la pobreza extrema”; “orientar el gasto público hacia los que más lo necesitan”; “promover las reformas que requiere nuestro sistema político electoral”; “recibir inversión y generar empleo”; “seguridad para los mexicanos”; “fortalecer el mercado interno para que sea, precisamente, motor de crecimiento”; “un decreto de austeridad en los gastos del Poder Ejecutivo”; “sumemos nuestros esfuerzos, sumemos nuestras inteligencias y nuestras fortalezas como mexicanos”.

Pero por favor no se confunda, no se equivoque, no es el tercer informe de gobierno, sino las promesas incumplidas y ofrecidas por Calderón en su discurso pronunciado del 1 de septiembre de... 2006, en el Auditorio Nacional, el día que usurpó la presidencia de la República. El mensaje más reciente, a tres años de distancia, fue como dar cuenta del tiempo perdido, de renovar promesas no cumplidas y cada vez menos creíbles.

Pero en el último discurso, pronunciado ante mil invitados especiales –nada de pueblo, tal vez por que en el gobierno crean que la gente de la calle no entiende de esas cosas–, hubo notorias omisiones. En materia de seguridad, aparte de las detenciones de cientos de narcos todos con sus respectivos apodos (pareciera que sin apodo no se es mafioso), olvidó Calderón informar de los casi 14 mil muertos en lo que va del sexenio, tan sólo en este año 5 mil, entre ellos civiles, hombres mujeres y niños cuyas muertes han quedado en total impunidad; además, soslayó el fracaso de los llamados “operativos conjuntos”, pues en los estados donde envían mas ejército y policías como en Chihuahua, las denuncias de violaciones a los derechos humanos son una constante y tanto la violencia como el crimen han aumentado, haciendo ver que la solución no es militar; otra gran ausencia en el informe, fue en materia de política social, ya que todos los programas aplicados demuestran su fracaso, pues hoy existen 6 millones de pobres más que cuando inicio su administración y más de la mitad del país no cuenta con los recursos suficientes para satisfacer necesidades primarias, esto es, pobreza patrimonial; tampoco informó Calderón de algunos excesos, como el incremento de 41.1 por ciento en el gasto de las dependencias del Gobierno Federal, y que hemos pasado a ser uno de los países con mayor deuda del mundo, el doble del año 2000, y terminó escondiendo sus pretensiones de aplicar el IVA a medicinas y alimentos, elevar el costo de las gasolinas y los servicios públicos y culminar su viejo anhelo de privatizar Pemex. Finalmente, ocultó cuidadosamente Calderón el que, debido a la incompetencia de su gobierno, el país es hoy la economía latinoamericana con el peor comportamiento y que millones de mexicanos han perdido y siguen perdiendo sus empleos.

En sus discursos, el señor Calderón pareciera que cree dirigirse a un pueblo sin memoria y  formado por tontos, o que todos vivimos en “Calderolandía” y no es así, el debe informar del estado que guarda este país, de la realidad que día a día vemos y sentimos en nuestros bolsillos. Aunque a muchos no les guste, queremos la verdad “haiga sido, como haiga sido”.

En el primer semestre del año, 29 mil 655 personas más se quedaron sin empleo al cerrar o abandonar sus negocios propios. Esta cifra representa el 6.7 por ciento del total de la población que en ese lapso engrosó las filas del desempleo, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

En total, al cierre de junio, había 104 mil personas que dejaron o cerraron su propio negocio, contra 74 mil 579 reportados al cierre de 2008. De esta forma, el cierre de empresas se convierte en la segunda causa de desempleo entre la población desocupada del país.

Por entidades, el mayor número de gente que perdió su empleo por este concepto se ubica en el estado de México, con 43 por ciento del total; le sigue el DF, con 21 por ciento; Baja California, con 15 por ciento; Coahuila, con 11 por ciento, y Nuevo León, con el 10.6 por ciento.

Cómplices por la Equidad.

Existen diversas maneras de ejercer violencia contra las mujeres, de violar sus derechos humanos más elementales y de perpetuar la intromisión y el dominio de los hombres sobre el derecho y capacidad que tienen las mujeres para decidir sobre sus vidas y sus cuerpos. La prohibición del aborto es una de ellas. La ola reaccionaria de modificaciones a las Constituciones locales que se han aprobado en este país para penalizar el aborto, bajo el velo dogmático y fundamentalista de la “protección de la vida desde el momento de la concepción”, es la muestra de una violencia desmedida e injusta contra las mujeres, a través del aparato legislativo y sobre las bases de una concepción misógina del Estado.

Quienes suscribimos este pronunciamiento consideramos que estas reformas:

*Promueven las prácticas culturales e ideológicas más rígidas de los mandatos hegemónicos de género, imponiendo un sistema de creencias y valores fundamentados en nociones retrógradas que priorizan la procreación biológica, sobre la libertad y la vida de las mujeres.

*Refuerzan la indiferencia hacia las mujeres bajo el argumento de que es en el cuerpo de ellas y no en el de nosotros donde se lleva a cabo el proceso fisiológico de la reproducción.

*Mantienen y refuerzan la presencia del aborto como un problema de salud pública, debido a las muertes asociadas a sus complicaciones al ser practicado en condiciones inseguras.

Expresamos nuestra más profunda indignación y rechazo contra todas estas acciones y formas del quehacer político que vulneran y criminalizan a las mujeres. Sostenemos que la sexualidad y la reproducción son fundamentales en la vida de todas las personas y su ejercicio debería llevarse a cabo en el marco de la equidad, la justicia, la igualdad, la democracia y la libertad.

Nos pronunciamos a favor de que las mujeres tengan acceso a servicios legales, seguros y de calidad para interrumpir un embarazo a libre demanda; a favor de la prevención de los embarazos no deseados como una responsabilidad que debemos asumir como hombres críticamente comprometidos con la creación de formas y condiciones de vida para una práctica de la sexualidad más placentera y sin riesgos. Hacemos un llamado especial a la población masculina, jóvenes y adultos, para que se manifieste en contra de estas reformas y que a la vez asuman una postura reflexiva y solidaria sobre las siguientes preguntas:

Como hombres, ¿imaginan qué siente una mujer sin acceso a servicios médicos seguros, que tiene que esconderse, que expone su cuerpo arriesgando su salud, su vida y su libertad?

¿Imaginan lo que siente una mujer que es señalada, maltratada, denunciada y finalmente encarcelada por haber decidido interrumpir un embarazo?

Si los hombres fuéramos los que viven el proceso fisiológico del embarazo en nuestros cuerpos el aborto seguramente sería legal. Ya es tiempo de que los hombres nos liberemos de los mandatos hegemónicos de género que perpetúan la inequidad, la violencia y las injusticias. Reconozcamos cabalmente que las mujeres –compañeras, hermanas, amigas, madres, esposas, hijas, tías, sobrinas, novias– que deciden interrumpir un embarazo son personas con dignidad y derechos humanos, no criminales, y tienen el derecho de decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.