Atlixco. Vecinos de la colonia Tejaluca, una de las zonas de mayor atraso social y económico, que está ubicada en el norte de la mancha urbana, entregaron a La Jornada de Oriente un expediente en donde documentan una serie de “vicios y abuso de poder” de parte de la empresa encargada de liquidar los pasivos de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México para ejecutar una sentencia a su favor que representa la restitución de un área importante de terrenos.
Los retrasos
De acuerdo con el documento, desde su fundación el ejido de San Juan Tejaluca “siempre estuvo atravesado por la línea “VC” Los Arcos Cuautla del ferrocarril interoceánico. Sin embargo, en 1970 Ferrocarriles Nacional de México llevó a cabo el reemplazo de la antigua vía angosta por una ancha”.
Para instalar “esa nueva vía en nuestro territorio se amplió el radio de construcción; además, para levantar las pendientes apropiadas para el tránsito de sus trenes, la compañía mencionada realizó considerables excavaciones en los espacios ocupados. Y el resultado fue la afectación a los propietarios de ocho solares urbanos y tres parcelas del paraje denominado San José”.
Para no “interrumpir esas obras, la empresa engañó a los vecinos diciéndoles que los indemnizaría en primer lugar por los árboles, siembras y casas lesionadas, y posteriormente por el terreno ocupado. Pero esa paraestatal concluyó el nuevo paso y únicamente resarció las primeras promesas. A pesar de que los campesinos hicieron largos trámites en la ciudades de Puebla, México y Querétaro, el desagravio por los lotes nunca ocurrió”.
En el año 2000, “el presidente del comisariado recibió el oficio número 2276 de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) para informarle esto: mediante oficio 102.401/10009 del 10 de octubre de 1990, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) solicitó a esta dependencia del Ejecutivo federal la expropiación de 16648.50 hectáreas de terrenos ejidales del núcleo de la población citada para destinarlas a la construcción de un desvío a la línea ferroviaria “VC” entre los Arcos Puebla y Cuautla, Morelos; instaurándose el expediente respectivo bajo el número 8597/ SCT”.
En razón “de que la promovente no ratificó su interés jurídico y tampoco asumió el compromiso de pagar la indemnización de la franja solicitada en retención, no obstante que se le requirió en diversas ocasiones, el 17 de octubre de 1996 la Dirección de Ordenamiento y Regularización acordó cancelar el procedimiento agrario respectivo y archivar el expediente como asunto concluido”.
Ante esa negativa, “con fecha 24 de noviembre de 2000, el comisariado ejidal de Lomas de Tejaluca en representación de los afectados interpuso ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47, y con el expediente 500/2000, una demanda reclamando la restitución de los terrenos, el relleno y nivelación de los mismos y el pago de los daños y prejuicios”.
Con el ocaso de la empresa ferroviaria, “actualmente el juicio es atendido por Ferrocarriles Nacional de México en liquidación. Sin embargo, la desaparición de nuestra demanda nos afectó de manera considerable porque la liquidadora (sic), además de enviar a diferentes representantes, de manera deliberada ejerce acciones dilatorias que provocaron que nuestro problema continúe alargándose por nueve años”.
Por otra parte, “en el año 2007 la empresa Aceros S.A. de C.V. retiró toda la infraestructura de la línea “VC”, como son rieles, durmientes y señales, incluido el terreno en litigio. Este último aspecto quedó en conocimiento del Tribunal Agrario mediante escrito de fecha 28 de mayo de 2008”.
El día 2 de octubre de 2008, “el Tribunal Superior Agrario sentenció a la liquidadora a la restitución de nuestros terrenos, así como a los trabajos de relleno y nivelación (o al pago de tales faenas). No obstante la determinación del Tribunal, el representante de ese organismo interrumpió la ejecución del fallo demandando Juicio de Amparo el cual quedó radicado en el XVI Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Distrito Federal (expediente D.A 77/ 2009) que el pasado 8 de junio negó la demanda de garantías”.
Así las cosas, “el expediente regresó a la ciudad de Puebla y con fecha 21 de agosto del presente año, el Tribunal Unitario Agrario citó a una audiencia de conciliación en ejecución de sentencia para acordar con el representante de la liquidadora los términos de ese procedimiento. Aunque por enésima vez, dicha persona está interfiriendo la querella mediante la presentación de un escrito en el cual expone argumentos deliberadamente infundados”.
Por ejemplo, “sostiene en el texto que los terrenos no pueden ser restituidos porque en ellos se encuentra instalada una vía presuntamente concesionada a la empresa Ferrosur S.A. de C. V. Además, en su afán de tergiversar las cosas, subraya también que esa área en controversia se localiza en la marca “VC” en el tramo Atencingo–Axochiapan, aspecto totalmente fuera de lugar. Afirma, sin probarlo, que actualmente existe en la SCT un trámite de expropiación por esos espacios”.
Finalmente “manifestamos una nueva inconformidad pública: no obstante que desde el punto de vista legal este asunto es cosa juzgada, ya que la paraestatal Ferrocarrilles Nacionales de México, que sigue en liquidación, fue oída y vencida en juicio, y que la infraestructura ferroviaria quedó retirada del terreno en litigio desde hace más de dos años, actualmente el Tribunal Unitario está siguiendo el juego al representante de la Liquidadora, y señaló las 10 horas de este jueves 3 de septiembre de 2009 como la fecha para llevar a cabo una inspección judicial para certificar que efectivamente en los terrenos afectados no existe ninguna infraestructura relacionada con el tren”.
El principio
En mayo de 2007, este medio de comunicación dio cuenta de un hecho relacionado con Ferrocarriles Nacionales de México: la venta en esta ciudad de varios kilómetros de vías del tren a una empresa privada. Esa acción generó el desalojo de aproximadamente 15 familias quienes 10 años atrás compraron a un “coyote” terrenos ubicados en propiedad federal, adelantaron las entonces autoridades del Ayuntamiento.
El panorama anterior fue el colofón de un suceso: “de forma sorpresiva, y ante los ojos de miles de ciudadanos, varias cuadrillas con la ayuda de grúas y de camiones de alto tonelaje comenzaron a levantar el acero y los durmientes para sacarlos del municipio. Ese acto, responsable de generar dudas y malestar entre un sector de habitantes, quedó en evidencia principalmente en el bulevar de los ferrocarriles”.
Entrevistado por La Jornada de Oriente, el entonces síndico Alberto Meléndez platicó que esa instancia de gobierno recibió el 24 de enero de 2007 una carta poder en donde acreditan a Raúl Jiménez y Alejandro Mentado como representantes legales de la empresa Aceros S.A de C. V. que celebró un contrato de entrega con Ferronales. “La Secretaría General y la propia sindicatura verificaron la autenticidad de ese documento entregado para evitar sorpresas, y el área jurídica certificó todo”. De acuerdo con el extenso expediente, el 8 de enero de 2007 en la ciudad de Córdoba, Veracruz, quedó sellado el trato con el objetivo de “realizar los trabajos de desmantelamiento y carga de la vía asignado por Ferrocarriles Nacionales”. El trato entre ambas instancias “ocurrió bajo concurso de interesados y únicamente la administración local atendió a esa solicitud. En efecto, el ayuntamiento está imposibilitado jurídicamente para quedarse con ese espacio porque terminó el pacto de comodato celebrado por el anterior trienio, el cual culminó en noviembre de 2006. Ese era el único instrumento legal para resguardar esos bienes”. Según el archivo del caso, Ferronales especificó con fotografías y mapas los kilómetros por levantar en Puebla. Eso incluyó los municipios de Chiautla de Tapia, Atencingo, Izúcar de Matamoros, Atlixco, San Pedro y Santa Isabel Cholula.
En el caso de Atlixco, los trabajos comenzaron en abril de 2007 y el trazo partió desde la comunidad de Castillotla, muy cercana a los límites con Huaquechula, hasta Portes Gil, en la frontera con Santa Isabel Cholula. Sin embargo, durante la primera semana de mayo de ese mismo año parte de las cuadrillas permanecieron arrestadas por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), sin que fueran conocidos detalles de esa acción.
Ferrocarriles Nacionales de México inició su desincorporación el 23 de junio de 1997, y concluyó sus operaciones en agosto de 1999. El 19 de diciembre de este último año se constituyó ante Nacional Financiera, S.N.C. y Ferrocarriles Nacionales de México, un fideicomiso, con el número 50126, denominado Ferronales Jub, con una aportación inicial de 13 mil 529.75 millones de pesos que representa el 73.1 por ciento de los recursos captados por concesiones ferroviarias.
Uno de los planes de la comercialización de las propiedades de esa paraestatal es contar con la suficiencia y garantía de dinero a fin de destinarse para el pago de pensiones y demás préstamos de 56 mil 372 jubilados y pensionados registrados en 2000 como fideicomisarios.
El 27 de diciembre de 2000 se aprobó por unanimidad el dictamen por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México, se abroga su Ley Orgánica y se preserva su personalidad jurídica para efectos del proceso de liquidación.
