En la que va del año se ha duplicado el número de ayuntamientos que han recurrido a la solicitud de créditos para poder cumplir con el pago de nóminas, así como concretar proyectos de obras públicas y garantizar el funcionamiento de servicios públicos; en total, son 47 los gobiernos locales del estado de Puebla que se encuentran en dicha condición.
Los problemas financieros por los que atraviesan los ayuntamientos, no solamente los de Puebla, sino de todo el país, es responsabilidad en mucho de la mala planeación de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no supo alertar acerca de la caída que habría de las participaciones destinadas a los gobiernos municipales; sin embargo, no todo el problema es responsabilidad del gobierno federal. Un componente que ha contribuido a generar dicha crisis es la falta de disciplina y de transparencia del gasto público en el grueso de los ayuntamientos.
Para nadie es un secreto que los presidentes municipales, junto con los tesoreros y los directores de obras tienen un amplio margen de discrecionalidad en el gasto público, lo cual lleva a que exista una mala planeación del uso de los fondos, que prive la corrupción o que el dinero sea mal utilizado en proyectos que no ayudan al beneficio de las comunidades y, sobre todo, a la optimización de los presupuestos.
La otra parte del problema se debe a que el Órgano Superior de Fiscalización no es una instancia que realmente sancione a los ediles que malversan los fondos públicos o que son negligentes con los procesos administrativos. El OFS actúa más por motivaciones de orden político que por una correcta fiscalización.
