La presidente municipal de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz, advirtió que su administración investigará y llegará hasta las últimas consecuencias en la denuncia que presentó un grupo de agentes de la Dirección de Tránsito, quienes este miércoles denunciaron ante la Contraloría ser víctimas de presuntas extorsiones por parte de sus mandos superiores.
La edil hizo un exhorto para que sean presentadas todas las quejas al respecto en caso de haber más casos. Dijo que ella es la primera en combatir la corrupción en su administración, pues actos como esos no corresponden a los valores ni a las directrices de honestidad y transparencia que ha aplicado desde que tomó posesión del cargo.
La misma invitación hizo para el resto de la ciudadanía para que se presenten a denunciar cualquier tipo de anomalía cometida por los servidores públicos de la capital, ya que están para cumplir a los ciudadanos y aplicar la ley.
Lo que se muestra como un conflicto interno al interior de Tránsito salió a relucir la mañana de este miércoles, cuando una decena de agentes de Tránsito municipal adscritos al Sector 3 se presentó ante la Contraloría para sostener que para hacer uso de las nuevas patrullas que recientemente entregó Alcalá Ruiz para protección de los ciudadanos, deben pagar una “cuota” de 2 mil 500 pesos a su mando superior.
El señalado como presunto extorsionador es Francisco Javier Barquín Granados, jefe del Sector 2, quien junto con otros mandos intermedios obedecería instrucciones del quien fungió como titular de Tránsito Héctor Guerra Montiel, durante el trienio de Enrique Doger.
Sin embargo, Barquín es el único agente que ha podido obtener la certificación del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios, el cual es procedimiento administrativo federal riguroso que requiere superar exámenes de confianza, certificaciones y otras pruebas de honestidad.
De acuerdo con las notas de prensa del año 2005, Guerra Montiel fue separado del cargo por instrucciones de Doger para ser investigado por presuntos actos de extorsión a ciudadanos, sobornos y renta de patrullas y motocicletas a los agentes, a quienes les pedía una “cuota”. Meses después fue reintegrado por el propio edil a un cargo menor ya que no le puderon comprobar nada.
