El pasado fin de semana hubo por lo menos tres actos en que miembros del PRI realizaron actividades proselitistas que se inscriben en el proceso de sucesión gubernamental. Al respecto, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Mario Montero Serrano, señaló que dichos actos no son violatorios de la legislación que regula los procesos electorales.
Esa visión del titular de la Secretaría de Gobernación no puede ser compartida, pues lo que está ocurriendo es una muestra clara de que existe una ausencia de la autoridad electoral para poner orden en un proceso adelantado de sucesión gubernamental.
Dicha situación resulta negativa por dos razones: la primera es que se está generando un hartazgo en la población, pues apenas concluyó el proceso electoral federal y prácticamente ya está en ciernes otra contienda, ahora por las candidaturas y en unos meses más por los cargos a ediles, diputados locales y gobernador. Lo que dará por resultado dos años seguidos de confrontación entre fuerzas políticas.
La segunda de estas situaciones negativas es que la población percibe que las fuerzas políticas están únicamente concentradas en ganar elecciones y en la definición de candidaturas, pero no en la solución de los grandes problemas que aquejan a la sociedad, como es la crisis económica, de seguridad pública, de servicios de salud y alimentaria, que están generando una desigualdad social que tardará muchas décadas en ser reducida.
La ausencia de una autoridad que ponga orden a la sucesión está contribuyendo a que se siga erosionando la incipiente democracia mexicana.
