La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Congreso local para que inicie un procedimiento administrativo contra el presidente municipal de Lara Grajales, Juan Abundio Torres Altamirano y, de ser meritorio, lo denuncie ante el Ministerio Público por el secuestro y tortura que la Policía a su cargo cometió contra al menos 21 migrantes de origen Centroamericano el 12 de octubre del año pasado.
La recomendación 50 /2009, rubricada por el presidente del organismo, José Luis Soberanes Fernández, fue dirigida el pasado martes 4 de agosto al presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo poblano, Juan Antonio González Hernández, y al ayuntamiento de Lara Grajales.
La CNDH sugiere a la Comuna que se inicien los procedimientos administrativos en contra de los elementos de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos, por las irregularidades en las que incurrieron y en contra del comandante de seguridad pública municipal, toda vez que esta autoridad es responsable directa de la supervisión y conducción de la seguridad pública en el territorio municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla.
También aconseja que se promuevan mecanismos de supervisión y cursos de capacitación para que en casos similares al del 12 de octubre de 2008 se evite la comisión de actos delictivos.
Al presidente de la mesa directiva del Congreso le pide que instruya procedimiento administrativo en contra del presidente municipal de Rafael Lara Grajales “por haber proporcionado información parcial a esta Comisión Nacional para la integración del presente expediente de queja, así como ser omiso en su actuar como autoridad directamente responsable de la supervisión y conducción de la seguridad pública en el territorio municipal de Rafael Lara Grajales, Puebla, y en su caso se dé vista al Ministerio Público, a efecto de que en el marco de sus atribuciones y competencia, conozca de las conductas atribuibles al edil municipal, respecto del informe que rindió a esta Comisión Nacional, descrito en el cuerpo de la presente recomendación, en términos de lo dispuesto por el artículo 73, párrafo último, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.
Las autoridades que fueron sujetas a la recomendación tienen 15 días hábiles para responder si la aceptan o no, y el mismo plazo para hacer llegar las pruebas que les convengan. De lo contrario, la CNDH dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, “por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública esta circunstancia”.
Vejaciones
El 12 de octubre de 2008 se descubrió que aproximadamente 32 indocumentados de origen centroamericano fueron secuestrados y torturados por un grupo de al menos 12 hombres, que se identificaron como integrantes de Los Zetas, apoyados por policías de Lara Grajales. Los delincuentes extorsionaron a los familiares de las víctimas que residen en Estados Unidos, exigiéndoles 3 mil 500 dólares por la libertad de cada uno.
Los indocumentados lograron escapar, tras uno o dos días de cautiverio, pero la participación de los uniformados en los hechos provocó la ira de la población que tomó represalias en contra de las autoridades incendiando una patrulla y un par de motocicletas de la corporación de Seguridad Pública.
Los migrantes provenientes de Guatemala, Honduras y Nicaragua fueron secuestrados cuando viajaban ocultos en el tren procedente de Tierra Blanca, Veracruz, con destino a Puebla. En el municipio de Lara Grajales –ubicado a unos 50 kilómetros de la capital poblana– un par de elementos de la Policía Municipal auscultó los vagones de carga y a punta de cañón obligó a los centroamericanos a descender.
Después los uniformados subieron a los centroamericanos a una camioneta de la corporación policiaca y los llevaron a una casa de seguridad ubicada en la 4 Oriente número 7, a dos cuadras de la presidencia municipal de Lara Grajales, que también es del cuartel de la Policía.
En el inmueble había una docena de hombres, con corte estilo militar, comandados por un individuo calvo, robusto y de no más de 40 años de edad, según relataron las víctimas.
Los criminales amenazaron a los migrantes con asesinarlos si no les proporcionaban los nombres y números telefónicos de los familiares y amigos que los esperaban al otro lado de la frontera. Aseguraron que pertenecían a la banda de narcotraficantes conocida como Los Zetas, aunque no portaban armas de alto calibre –como suelen hacerlo dichos sicarios–, y sólo tenían en su poder machetes, cuchillos y navajas.
Ante la negativa de los cautivos, los delincuentes iniciaron las torturas: a unos les quemaron el abdomen con encendedores, a otros les atravesaron las manos con armas blancas y a otros más los golpearon en los testículos, las costillas y el rostro.
La mayoría de los torturados, y de quienes atestiguaron las agresiones cedieron. Los secuestradores hicieron las llamadas telefónicas: pusieron a varios de los indocumentados al teléfono y luego exigieron un botín de 3 mil 500 dólares por la liberación de cada uno.
Algunos de los parientes o conocidos de dichas víctimas pagaron el rescate depositándolo en una cuenta bancaria, pero ni de esta forma los criminales soltaron a los centroamericanos.
La tarde del viernes 10 de octubre y el sábado 11 a la casa de seguridad arribaron más migrantes, entre ellos cinco mujeres, y continuó la misma tónica.
El domingo al mediodía los migrantes se organizaron y aprovecharon que el edificio estaba siendo vigilado solamente por un par de hombres para escapar. Muchos de ellos salieron corriendo desnudos y llegaron hasta el zócalo de Lara Grajales. Algunos vecinos que atestiguaron los hechos aseguran que uno de los vigilantes hirió uno de los cautivos en el vientre con un puñal durante la fuga.
Los pobladores se aprestaron a brindar auxilio y lograron la captura de un par de sujetos: Carlos Alvarado Espinoza y Tomás del Ángel Muñoz. Los indocumentados aseguraron que son los policías que los obligaron a bajar del tren. También fueron detenidas dos mujeres, María Cristina Galván Alavis y Jacqueline López, de 18 años, quienes presuntamente tienen una relación sentimental con los uniformados.
La gente entregó a los detenidos en la presidencia municipal y exigió que el alcalde panista Juan Torres Altamirano les diera una explicación, ya que los migrantes aseguraban que frente a la sede del Palacio Municipal estaba estacionada una patrulla idéntica a la que usaron para transportarlos a la casa de seguridad.
No hubo respuesta ni apoyo oficial. Los centroamericanos tuvieron que esperar varias horas afuera del recinto oficial, desconcertados y contando a los vecinos de Lara Grajales lo que había pasado. La gente llevó ropa y comida para los desvalidos, pues durante su secuestro sólo recibieron un taco y un poco de refresco.
Los policías municipales, lejos de brindar ayuda u orientación, se dedicaron a grabar con sus teléfonos celulares a los centroamericanos y a los ciudadanos de Lara Grajales que los auxiliaban. Eso provocó el enojo de los primeros, quienes con el rostro cubierto decían: “¡Para qué nos graban!, ¡los que hicieron mal son ustedes, los policías!”. La gente también empezó a increpar a los oficiales. Éstos respondieron de forma altanera desafiando a la multitud.
La cosa no pasó a mayores porque en ese momento varios de los indocumentados manifestaron sus deseos de ir a la casa de seguridad para recuperar sus pertenencias. Varios pobladores se ofrecieron a sacar las cosas del inmueble donde estaba un agente del Ministerio Público que no se atrevía a entrar. Durante casi media hora los vecinos estuvieron solicitando la intervención de la Policía, pues aseguraban que dentro de la casa había una persona que se quejaba y que se escuchaban pasos en la azotea, pero los uniformados no aparecieron.
Un piquete de habitantes se dio valor para ingresar a la casa, pero el interior estaba vacío. No había muebles, sólo bolsas de dormir, ropa y restos de comida en completo desorden. Las ventanas estaban cubiertas con bolsas negras y mantas. Una pared del patio estaba manchada de sangre. De pronto, alguien gritó, señalando hacia el techo de la casa contigua: ¡Ahí está uno de ellos!”, pero el hombre indicado respondió qué él sólo era vecino y que no se había dado cuenta.
Después, ese mismo hombre contó que desde hace ocho meses la casa de seguridad ya no era habitada por sus dueños –una familia apellidada López, según se pudo constatar en la nomenclatura de la entrada– y que en ese lapso al menos había sido rentada por cuatro inquilinos distintos.
A pregunta expresa, los vecinos de la casa de seguridad afirmaron que no se percataron en los días anteriores de ningún indicio que les hiciera sospechar lo que estaba pasando.
Otros vecinos que estaban afuera dijeron que quienes rentaron la casa por última vez llegaron hace una semana y que de inmediato cubrieron las ventanas con los plásticos negros. También afirmaron haber atestiguado la fuga y cómo uno de los cautivos fue herido en el abdomen y se internó con rumbo a los cerros, seguido de varios hombres y mujeres. Al conocer la historia de los migrantes, la gente de Lara Grajales se indignó, exigió una respuesta de sus autoridades y la emprendieron en contra del edificio de la alcaldía con piedras, luego incendiaron una patrulla y las motocicletas.
