Autoridades del Hospital de la Mujer en este año han reportado a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a cuatro mujeres que de manera voluntaria intentaron interrumpir sus embarazos y que fueron detectadas al presentar problemas de salud. Se desconoce cuál fue el trato que se dio a estos casos, pero es claro que en Puebla existe una decisión del gobierno de perseguir jurídicamente a las féminas que deciden abortar. Ese hecho se constató con la joven de 20 años contra la que se inició esta semana un proceso penal por haber ingerido un medicamento para no continuar con un embarazo que ya tenía 14 semanas.
Desde hace varios años grupos de especialistas y organizaciones de mujeres han sustentado la necesidad de legalizar la interrupción voluntaria de un embarazo con los argumentos de que se frenarían los miles de abortos que de manera clandestina e insalubre se cometen a diario en todo el país, y que los legrados mal practicados ponen en riesgo la vida de muchas féminas.
Los cinco casos que se mencionan al inicio de este texto le dan la razón a estos grupos, ya que esas mujeres debieron recurrir a procedimientos rústicos y clandestinos para abortar ante la imposibilidad de acudir a una clínica u hospital a recibir la atención médica adecuada.
Desgraciadamente, las autoridades locales y de muchas partes del país están tratando este problema de salud pública desde la perspectiva moral de la iglesia católica y de la derecha, haciendo a un lado argumentos jurídicos a favor de los derechos humanos y de la libertad de la que debemos gozar todos los mexicanos. Esta posición, lejos de solucionar el problema, lo va a acrecentar.
