Hace algunos meses, como Centro Fray Julián Garcés fuimos invitados al programa de radio Controversias para platicar sobre el proceso de elección para diputados y diputadas federales que se acercaba. En ese programa, bajo la provocación de “Diputados, ¿para qué, para qué país?”, tanto los conductores como los dos invitados que asistimos compartimos, un poco contra reloj pero muy a gusto, nuestras opiniones y reflexiones sobre el para qué de diputados y diputadas en nuestro país; si su acción tiene o tendría sentido, si su trabajo como legisladoras y legisladores respondía a la realidad del país, o si trataban de llevar a cabo su actuación de acuerdo con situaciones ficticias, queriendo hacernos creer a todas y a todos que vivimos en un país que de veras va avanzando en democracia y desarrollo económico y social.
Así, aquel día hablamos de cultura política, tanto de las diputadas y los diputados, como de la que tenemos las y los ciudadanos; se vertieron datos sobre los gastos y presupuestos ejercidos en la Cámara, y nos explayamos en nuestras interpretaciones sobre el quehacer legislativo. Sin embargo, nunca imaginamos que pronto nos daríamos cuenta de lo corto que nos quedamos en nuestras impresiones.
Para muchas y muchos ciudadanos es ya claro que el trabajo de las y los legisladores en nuestro país tiene, por lo menos, cuatro dimensiones: Una, la de las y los que creen que obteniendo el puesto, su personalidad ha de transformarse en la de un superhéroe o una superheroína con la responsabilidad de llevar a cabo gestiones macro, de acuerdo con los intereses del grupo que les llevó al poder, o que les apoyó para que llegaran a la curul. Otra dimensión es la de las y los que creen que están ahí solamente para ejecutar los acuerdos a los que llegan quienes toman las decisiones de importancia en sus partidos. En una tercera dimensión, muy semejante a la anterior, viven las y los diputados que saben que, independientemente del partido por el que hayan llegado a la Cámara, su fidelidad la deben al titular del Ejecutivo en turno. Y una cuarta dimensión, es en la que se ubican, afortunadamente, aunque sean pocas y pocos, las y los diputados que sí tienen una idea clara de su trabajo, y tratan de llevarlo adelante legislando a favor de la mayoría de las y los habitantes del país, de su estado o de su circunscripción.
¿Cómo es posible que el señor Eustolio Flores Conde, vocal de la Comisión de Derechos Humanos de nuestro Congreso local, se atreva a decir que “no hay asuntos pendientes, ni reformas a la ley, ni propuestas, ni asuntos que la ciudadanía haya presentado respecto a los derechos humanos...”, que hagan que la Comisión se reúna y se ponga a trabajar? ¿En qué dimensión viven las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Tlaxcala? Seguro que no habitan en la cuarta dimensión. ¿Será que ni siquiera se les ocurre leer algún periódico local para enterarse de que, por ejemplo, la familia del policía baleado en Teolocholco por un lenón no se atreve a denunciar porque sabe que las autoridades le hacen más caso al dinero de los delincuentes que a la denuncia ciudadana? ¿Será que no se les ocurre que, de acuerdo con la aberrante actuación del Ejército en todos los estados de la República, en Tlaxcala no se hará excepción, y que la instalación de la Unidad de Inteligencia Táctica Operativa requiere por lo menos de su reflexión y análisis como diputados? Y así podríamos seguir con más y más ejemplos.
Pero hay otro diputado, ahora recién electo como federal, que al parecer sí tiene claro que le corresponde desarrollar su actuación legislativa en la tercera dimensión: el doctor Julián Velázquez Llorente, a quien el Ejecutivo estatal le ha dado la misión de promover la inversión extranjera en Tlaxcala y, pese a saber que en el sur del estado y en otros municipios tenemos enquistado al crimen organizado en la trata de mujeres para la explotación sexual, se atreve a prometer a inversionistas de otros países que Tlaxcala se “ha logrado blindar” en contra del crimen organizado, y que aquí encontrarán un ambiente agradable y hasta libre de secuestros.
* Centro Fray Julián Garcés, Derechos
Humanos y Desarrollo Local, A.C.
