¿Qué hacemos con las injusticias que escuchamos reportadas a diario? ¿Nos importa? Yo escribo sobre lo que me preocupa y hoy por la mañana escuché a Carmen Aristegui nombrar un dato alarmante: 17 periodistas asesinados en 18 meses. Casi uno por mes. El Universal también reportó este dato el día 3 de agosto con base en el informe 2008–2009 presentado por la fundación Manuel Buendía.

Las agresiones contra la libertad de expresión y quienes se encargan de reportar las noticias en nuestro país han sido asuntos frecuentes desde hace algún tiempo. Lydia Cacho y Carmen Aristegui lo saben bien, por citar los casos más sonados en nuestro país. Mucho tiene que ver la situación de narcotráfico y delincuencia que prevalece en diferentes estados, ya que algunas de las amenazas y agresiones contra periodistas se han presentado en este marco, pero también se le atribuye al gobierno buena parte de esta responsabilidad.

Con respecto a este último punto, la revista Proceso, en su edición número 1709 reporta en su página 10 la publicación del libro “Libertad de expresión”. Revisión metodológica de las agresiones a periodistas en México, escrito por Perla Gómez Gallardo, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana–Cuajimalpa y litigante en casos que involucraron a personajes como Miguel Ángel Granados Chapa, y Eduardo Huchim.

Gómez Gallardo identificó diversas irregularidades en los juicios: desconocimiento por parte de los propios servidores públicos y tretas legales para alargar los procesos fueron algunos de los modos de proceder en este tipo de acciones contra periodistas. La interpretación mañosa de las leyes muestra la necesidad creciente de actualización de los códigos vigentes, como es el caso de la ley de radio y televisión.

La impunidad es cosa de todos los días. Y no sólo contra periodistas. También los defensores de los derechos humanos han sido víctimas de estas condiciones. Asesinatos de activistas también se han vuelto cotidianos. Lo peor que podemos hacer es permanecer callados y dejar que el miedo se adueñe de nosotros. Nuestro deber ciudadano es seguir levantando la voz hasta que sea escuchada.

Como por varios lectores es sabido, los pasados 27 y 28 de julio los reporteros de El Universa Ignacio Alvarado Álvarez y Evangelina Hernández documentaron el saqueo del Procampo, lo mismo por políticos y funcionarios gubernamentales o sus familiares, que por narcotraficantes.

El pasado 3 de agosto el programa Alebrijes, Águila o Sol de Televisa retoma el caso a través de una entrevista realizada al investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Mauricio Merino. Las puntualizaciones de la entrevista son las siguientes, la implementación de dicho programa ha sido regresiva, inequitativa y asimétrica. Regresiva por que ha agravado la condición de pobreza y marginación de los “beneficiarios” naturales del citado programa, por dos cuestiones. Primero, los beneficiarios potenciales no son los que deberían estar registrados, por ende no reciben el subsidio; segundo, los que si han recibido el apoyo no lo han ejercido en inversión para el incremento de la productividad del campo, ¡que novedad! inequitativa y asimétrica, por que como mencionó Merino, los agricultores con menores extensiones de tierra son quienes requieren mayor cantidad del subsidio para ser productivos, no ha sido así debido a que las mayores extensiones de tierra son propiedad de personajes que han medrado de las posiciones gubernamentales, pudiendo así argumentar la alta productividad que pueden lograr con el apoyo. Agreguemos que, los sistemas de inteligencia del gobierno federal nada interrelacionados están con otras áreas de la misma administración pública.

La evidencia que muestran el CIDE y Fundar Centro de Análisis e Investigación AC da más luz de la que han reportado la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) sobre los disfraces que ha utilizado el crimen organizado para expandir su imperio de ilegalidad. Queda evidenciada la poca experiencia y destreza en la aplicación de la metodología de la política pública, en tanto que varios países utilizan el denominado ciclo de las políticas para sustentar y operar sus sistemas de inteligencia para consolidar la seguridad nacional.

Inexperiencia probatoria de que en México no hay políticas públicas reales, sólo nominales, las que son focalizadas, diseñadas a partir del disenso, la participación ciudadana, la heterogeneidad social y de la definición de un problema, la formulación, la implementación y evaluación de las mismas, reduciendo la posibilidad de agravamiento del problema como el surgimiento de otros. Por lo tanto no hay políticas públicas para el desarrollo social ni para la seguridad pública y nacional.

Habiendo pasado los ajustes necesarios, incluidos los besos y abrazos proscritos, provocados por la epidemia del virus AH1N1, y en alerta por un posible rebrote, hoy nos encontramos con que la Secretaría de Salud reporta que en varios estados del centro del país, las autoridades locales establecieron una alerta epidemiológica porque el dengue –enfermedad transmitida por un mosquito que se reproduce principalmente en charcos y agua estancada– se extiende, llegando ya a estados como San Luis Potosí, Puebla, Guanajuato, Hidalgo, México y Querétaro.

El Centro Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y el Control de Enfermedades (Cenavece) de la Secretaría de Salud establece que el dengue es una enfermedad aguda, producida por un virus que se transmite a través del mosquito Aedes aegypti infectado. Generalmente es de corta duración y el paciente no tiene complicaciones (dengue clásico); sin embargo, puede desarrollarse una forma grave de enfermedad conocida como dengue hemorrágico. www.cenave.gob.mx/Dengue/default.asp?id=88 (4.08.09).

Dada la situación crítica que vivimos y la carencia de una política pública de comunicación social, la pregunta para los que, según algunos, padecemos otra enfermedad –esta provocada por nuestra deformación profesional– el quisquillosismus perennis, aparece: ¿Cómo será manejada la información ante esta nueva epidemia?, ¿otra cortina de humo para tratar de evanescer los problemas estructurales que vive nuestro país por la radicalmente injusta distribución de la riqueza?, sí, esa que afecta a 50,6 millones de mexicanos entre los cuales, por cierto, se encuentra la mayoría de población en riesgo de contraer este tipo de enfermedades.

Que lejos estamos de ese México donde la desigualdad no nos definía ni nos fragmentaba como país, donde la educación superior era una auténtica posibilidad de mejora social, ese México que en 1965 crecía al casi 7 por ciento, en su Producto Interno Bruto, año en que apareció otro dengue pero dirigido por Roberto Rodríguez y protagonizado, entre otros, por Adalberto Martínez “Resortes”, Dámaso Pérez Prado, Evita Muñoz “Chachita” y Julissa...  Ese era otro dengue, festivo e inocente, era “El dengue del amor...”

La masacre de Acteal que sucedió el 22 de diciembre de 1997 no es un asunto resuelto. El tema es incómodo y duele recordarlo. El dolor del recuerdo de asuntos de injusticia social en México es algo que necesitamos sentir más a menudo, ya que solamente así nos encargaremos de presionar por su solución y por la obtención de justicia. Parte de esta presión debemos ejercerla como audiencias que buscan información completa, contextualizada y desde diversos puntos de vista, de forma tal que los medios nos presenten lo que necesitamos saber y no solamente lo que creen que debemos conocer.

El pasado lunes 27 de julio The History Channel transmitió, dentro de la serie Tiempo Real, conducida por el periodista colombiano Hollman Morris, una emisión titulada La Rabia Zapatista, que documenta el viaje de Morris por territorio rebelde indígena a 25 años del nacimiento del EZLN y 15 del inicio de la rebelión armada. Entre los lugares que Morris visita se encuentra la comunidad de Chenalhó, donde entrevista a varios de los sobrevivientes de la masacre de Acteal. Conocemos, entre otros, el caso de  una mujer que sobrevivió gracias a que se escondió entre los cuerpos de sus familiares asesinados. Hombres y mujeres comentan el horror de la experiencia vivida. El periodista les pregunta qué es lo que esperan en relación con la masacre, a lo que responden: justicia.

En contraparte, la mañana de ayer la emisión matutina del noticiero de W Radio transmitía la información sobre el juicio de amparo que investigadores del CIDE presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defender a 50 de los 80 indígenas tzotziles acusados del asesinato de los 45 hombres, mujeres y niños en diciembre de 1997 en Chenalhó. De acuerdo con el noticiero estas personas han sido detenidas de forma injusta ya que sus nombres fueron obtenidos a través de la coerción a terceros y sus confesiones se consiguieron mediante la tortura. Al mismo tiempo es interesante saber que desde el pasado 9 de junio la mesa directiva de la Sociedad Civil de las Abejas emitió una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidiendo que se tomen en cuenta los testimonios de los testigos presenciales, sobrevivientes de la masacre, en la decisión sobre la posible liberación de al menos 12 personas identificadas como paramilitares y autores materiales de los hechos violentos.

Como audiencias no siempre recibimos de un mismo medio toda la información que necesitamos para conocer y comprender a fondo una noticia. El caso de Acteal ilustra el deber que tenemos de buscar activamente todas las fuentes posibles de información para no quedarnos con el punto de vista de un conductor, de un reportero o de una agrupación.