Esta semana se ha presentado el primer caso de persecución penal en contra de una mujer que decidió interrumpir un embarazo de manera voluntaria, luego de que en marzo de este año las fracciones del PRI y del PAN aprobaran una reforma antiaborto. Se trata de una joven de 20 años que consumió pastillas de Cytotec para provocarse contracciones y frenar su embarazo de 14 semanas. La ingesta de ese medicamento le provocó problemas de salud, por lo que fue ingresada a la Cruz Roja, en donde los directivos la denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Resulta muy grave este caso, ya que significa el inicio de una persecución policiaca en contra de las mujeres que decidan interrumpir un embarazo, lo cual es una violación a los derechos humanos y una actitud represiva de la PGJ, que prácticamente coloca a las féminas que abortan en la misma categoría que un asesino.
Dicho asunto no es un problema menor, representa un claro y abierto atentado contra el Estado laico. La reforma constitucional que en marzo del presente año aprobó el Congreso local para prohibir el aborto fue una petición de la iglesia católica que se tramitó por medio de Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón Hinojosa. El objetivo es que la mayoría de los poderes legislativos en el país tengan legislaciones antiaborto para que se acabe convirtiendo en una norma constitucional.
La reforma en la materia que los diputados panistas y priistas de Puebla aprobaron es un brutal atentado contra los derechos individuales y la libertad de los ciudadanos, ya que impone la moral de la jerarquía católica como norma general y además provocará que sigan proliferando miles de abortos clandestinos.
