La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la semana pasada un nuevo recorte al gasto público por 50 mil millones de pesos, que se suman a los 35 mil millones del mes de mayo. Tales recortes están encaminados a encarar el déficit, público que se calcula ascienda a 421 millones de pesos, derivado de la disminución de los ingresos petroleros, como por los menores recursos tributarios que ocasiona la contracción de la actividad económica. A fin de encarar dicha brecha el gobierno ha recurrido a ingresos no recurrentes: 100 mil millones de pesos por coberturas petroleras, 95 mil millones provenientes del remanente de operación del Banco de México, 92 mil 400 millones por el uso de fondos de estabilización y 48 mil 600 millones otros ingresos no recurrentes como la venta de activos en poder del gobierno. De ahí que la diferencia será ajustada con un recorte adicional de 50 mil millones al gasto programable. El gobierno federal, no obstante la fuerte caída de la demanda y la crisis que enfrentamos, responde con políticas pro–cíclicas, de recorte al gasto (que viene a contraer más la actividad económica) para mantener disciplina fiscal, y así evitar presiones sobre precios y el tipo de cambio, y quedar bien con el capital financiero. En el mismo sentido se pronunció el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), al señalar que “el anuncio hecho por la SHCP es una medida responsable y adecuada que envía una señal positiva a los mercados en virtud de que busca garantizar la sanidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica en el país”.
Tanto el gobierno, como la cúpula empresarial insisten en seguir con la misma política económica que ha actuado a favor del capital financiero y en detrimento de la esfera productiva, que ha desembocado en la crisis. Se evidencia que el CCE tiene más intereses económicos en el sector financiero, que en lo productivo, y de ahí que se pronuncia por que prosigan políticas de disciplina fiscal y de estabilidad monetaria–cambiaria, que están favoreciendo de nuevo a la Bolsa Mexicana de Valores, a costa de contraer la demanda y el mercado interno, y profundizar la contracción de la actividad económica.
En vez de que el gobierno instrumente políticas contra–cíclicas, de expansión del gasto público para incrementar la demanda y así contrarrestar la caída de exportaciones, y de la inversión y del consumo del sector privado, insiste en proseguir con la misma política económica que nos ha llevado a disminuir el mercado interno y a depender de variables externas, las cuales han dejado de operar positivamente y de ahí la crisis.
El sector privado, en vez de pronunciarse por políticas contra–cíclicas de expansión del gasto público y por el cambio de las políticas predominantes para salir de la crisis, insiste en más de lo mismo. Manifiesta la “urgente necesidad de emprender reformas estructurales” que permitan mantener “la salud fiscal y la estabilidad como bases de crecimiento futuro y la generación de empleos”. Es decir, se pronuncia por otra reforma fiscal y por la reforma laboral, como si ello en realidad resolviera los problemas de la economía y conformaran las bases del crecimiento. La disciplina fiscal ha sido la tónica en los últimos años, y ello solo nos ha llevado a menor crecimiento de mercado interno y mayor participación del sector privado en la economía, sin que ello se traduzca en mejores condiciones de crecimiento económico. Asimismo, muchas reformas estructurales de orientación de mercado el gobierno ha instrumentado, y ello no ha incrementado la capacidad productiva, la productividad, el crecimiento y el empleo. Mientras se insista en más de lo mismo, la economía nacional no saldrá del contexto de crisis en que ha caído.
La SHCP ha anunciado que presentará una segunda reforma fiscal, con la finalidad de aumentar los ingresos tributarios, y así contrarrestar la reducción de los ingresos petroleros, y para disminuir la petrolización de las finanzas públicas. El problema es que en un contexto recesivo, de disminución de ingresos de empresas e individuos, no se puede incrementar impuestos, pues ello actuaría en forma pro–cíclica. Es decir, vendría a contraer más la demanda –la inversión y el consumo–, y con ello la actividad económica y el empleo, así como los propios ingresos públicos. El gobierno, como hemos dicho, sigue preocupándose por mantener la disciplina fiscal y la estabilidad monetaria–cambiaria (y no instrumentar políticas a favor del crecimiento), para ser bien visto por las calificadoras internacionales y el capital financiero. Los intereses nacionales del sector productivo, de los trabajadores y de los desempleados, no son preocupación de los hacedores de la política económica, y el problema es que la llamada clase política tampoco se preocupa de ello, pues no se pronuncia en contra de dichas políticas, ni propone alternativas frente a ello, para satisfacer las demandas de los grandes sectores excluidos de la población.
