Representantes de diversas agrupaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales de los estados del centro del país exigieron a las autoridades gubernamentales “cero tolerancia” a la corrupción que existe en las instancias judiciales y a las constantes extorsiones de las que son objeto por parte de los elementos policíacos municipales y estatales.
En el marco del XII Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajadores Sexuales, que se realizó en un motel de Apizaco, las sexoservidoras y transexuales hicieron públicas las principales agresiones de las que son objeto por parte de las autoridades, las cuales intimidan y violan sus derechos humanos.
Tras exponer sus experiencias, los representantes de 28 agrupaciones de ese sector social coincidieron en que es necesario que las autoridades cumplan su función de garantizar seguridad y bienestar social a los ciudadanos y demandaron que se “limpien” y capaciten los cuerpos de seguridad para que brinden el servicio para el cual la ciudadanía los contrató, antes de incurrir en actos corruptos.
Miriam González, integrante de la agrupación Mujeres Libres de La Merced en el Distrito Federal, refirió que ella estuvo recluida durante cinco meses este año en un penal, porque se negó a entregar “una cuota” a los policías que la extorsionaban y la acusaron de pandillerismo, lesiones y robo calificado.
“Las instancias jurídicas valen para pura madre, cuando le dije al Ministerio Publico que no hice nada y que soy trabajadora sexual, se burló de mí y me dijo: qué, eres una santa. Soy una persona de respeto, una cosa es que trabaje en la calle y otra que cometa delitos, soy una persona que trabaja y nunca he robado”.
Insistió en que la manifestación que realizan esos grupos es para que los gobiernos estatales y federal tomen cartas en el asunto y detengan a las redes de trata de personas o a los lenones que las explotan.
Refirió que tanto lo elementos policíacos de los distintos niveles de gobierno, como las autoridades extorsionan a los trabajadores y trabajadoras sexuales, les piden cuotas desde 100 hasta mil pesos por día o por semana sin que sean sancionados.
Miriam aseveró que no recurren a instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque “para nosotras no existe como tampoco existe para la comunidad indígena o para un obrero, pareciera que no tenemos ese derecho, te dan la espalda tal vez porque hay intereses económicos”.
