La presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CEDH) del estado de Puebla. Marcia Bullen Navarro, rechazó la solicitud que le hicieron organizaciones no gubernamentales para emprender el recurso de acción inconstitucional en contra de la reforma al artículo 26 de la Constitución local, que impide despenalizar el aborto.
Esta determinación de la CEDH no parte de un análisis jurídico, sino responde a intereses de orden político, ya que el Estado mexicano ha signado convenios internacionales que permiten la interrupción del embarazo y en la capital del país se ha legalizado el aborto, como un acto de libre decisión de la mujer.
La posición más prudente y correcta que podía asumir la CEDH era permitir que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinaran el contenido de la reforma antiaborto para que determinarán si los legisladores locales actuaron conforme a los principios constitucionales.
Tal parece que no se quiso llevar el asunto al máximo tribunal del país, porque de antemano se sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía dictaminar de manera similar a como lo hizo para el caso del Distrito Federal, en donde determinó que estaban acorde a los principios constitucionales las modificaciones que se hicieron a diversas leyes para permitir la interrupción de un embarazo antes de la semana número 12 de gestación.
La reforma antiaborto de Puebla fue impuesta por la fracción del PRI en el Congreso local en respuesta a la presión que ejerció la derecha poblana, encabezada por el clero católico. Ahora, el comportamiento de la CEDH obedece a estas mismas circunstancias.
