Por primera vez en la historia de Puebla, el gobierno del estado estableció públicamente la categoría “zona de riesgo” para definir la inseguridad que priva en el área metropolitana –que incluye a los municipios de San Andrés y San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango–, donde, afirmó, se está librando “una guerra entre bandas de narcomenudistas”.
La “zona de riesgo” es vigilada desde este jueves por el Ejército mexicano, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal Preventiva, amén de las corporaciones policiacas del Poder Ejecutivo estatal y de los municipios implicados.
Las autoridades darán a dicha área, que es la de principal ingreso a la capital estatal desde el Distrito Federal, Veracruz y Oaxaca, “un tratamiento especial”, según anunció el titular de la Secretaría de Gobernación, Mario Alberto Montero Serrano, quien sólo mencionó la instalación de retenes permanentes para revisar vehículos como una de las medidas a aplicar.
En una conferencia de medios, el responsable de la política doméstica, quien estuvo acompañado del procurador General de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra, y el secretario de Seguridad Pública y Vialidad Estatal, Mario Ayón Rodríguez, admitió que las medidas extraordinarias de seguridad se tomaron porque desde el domingo hasta el miércoles de la semana que está por culminar han aparecido cuatro cadáveres de ejecutados en la zona.
De hecho, en dos de esos interfectos se colocaron cartulinas con amenazas de Los Zetas contra la Policía Metropolitana, distribuidores minoristas de drogas y delatores.
Montero y los otros funcionarios se afanaron en asegurar que Puebla no es plaza de ningún cártel del narcotráfico, sino una ciudad que tiene problemas de narcomenudeo como cualquier otra.
Empero, el gobierno encabezado por el priista Mario Marín Torres emitió un comunicado en el que solicita la colaboración de la ciudadanía para que de manera anónima se denuncie a los traficantes de drogas a través de dos líneas telefónicas conectadas a los servicios de emergencia y seguridad pública.
Ayuda ciudadana
El secretario de Gobernación también confirmó que la tarde del pasado miércoles hubo una reunión en las instalaciones de la XXV Zona Militar en la que participaron Mario Marín Torres el comandante de la demarcación castrense, Roberto Gustavo García Vergara; la delegada de la Procuraduría General de la República, Imelda Calvillo Tello, y el comisario de la Policía Federal Preventiva, Guillermo Andrés Gutiérrez López, amén de los servidores públicos que ayer estuvieron en la conferencia de medios.
Como resultado de dicha reunión, se tomaron los siguientes acuerdos: “mantener la coordinación entre el gobierno federal, estatal y las Policías Municipales en los operativos de prevención del delito, aumentando el número de acciones en la zona de riesgo ya focalizada, a efecto de ubicar a las bandas dedicadas al narcomenudeo y proceder a su identificación y detención correspondientes, como es el caso de los últimos homicidios registrados en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla”.
En el cónclave también se expuso “un diagnóstico de la situación que se vive en Puebla en materia de seguridad pública y de presencia de delincuencia organizada, concluyendo que la entidad mantiene baja incidencia en delitos de alto impacto”.
“Puebla, por su situación geográfica e importancia como entidad federativa –agrega el comunicado en su cuarto punto–, no está exenta de la realidad que vive el país en materia de delitos del orden Federal, continuaremos trabajando para garantizar la integridad física y patrimonial de la población y el mantenimiento del orden público atacando frontalmente los delitos del orden común”.
“En esta tarea los ciudadanos juegan un papel importante a través de la denuncia anónima que nos ayuda a identificar delitos y delincuentes, los exhortamos para que mediante los números telefónicos 066 y 089 participen en fortalecer la cultura de la denuncia, continuaremos con las pruebas de control de confianza en todos los cuerpos de Seguridad Pública en la entidad y en el caso de encontrarse alguno de ellos relacionados con delincuencia organizada, seremos los primeros en solicitar se actúe conforme a la ley”, finaliza el documento.
