A partir de este año, los campesinos que sean perjudicados con proyectos inmobiliarios, de desarrollo y de servicios ya no recibirán un pago por sus tierras, sino que se les involucrará directamente, y una parte de los beneficios será para ellos, según señaló el procurador agrario del gobierno federal, Rosendo González Patiño, quien agregó que en Puebla se han diagnosticado 716 núcleos agrarios que contienen 81 mil hectáreas –superficie superior a la del Distrito Federal– que podrían servir para el desarrollo de los campesinos asociados con la inversión privada.
De visita por Puebla, el funcionario sostuvo que el objetivo es poder establecer un esquema definitivo en donde ambas partes –inversionistas y ejidatarios– resulten beneficiados, y en el caso de zonas urbanas los campesinos no tendrán que vender su tierra, sino que se les integrará a los diferentes proyectos, como ya ha ocurrido en otros estados, en donde los labriegos han obtenido en su conjunto más de mil 500 millones de pesos tan solamente en 2008.
“No se trata de que desaparezcan los movimientos sociales de defensa por la tierra, sino de que a los ejidatarios se les deje de segregar y se les incluya como los propios campesinos lo han exigido para que ambas partes resulten ganadoras”, subrayó González Patiño.
De los 716 núcleos agrarios identificados para proyectos, 44 de éstos ya están dentro de un catálogo de tierras que indica que 21 núcleos tienen vocación agropecuaria, ocho industrial, cinco turística, cuatro ecológica y seis de infraestructura. Esto como parte del Programa de Fomento a la Inversión Pública y Privada en la Propiedad Rural, cuya reunió regional de capacitación y estrategias se celebró el día de ayer en la capital.
Los núcleos agropecuarios se encuentran en San Martín Atexcal, Chilchotla, Libres, Santiago Miahuatlán, Tlachichuca, Loma Bonita y González Ortega. Los de desarrollo urbano están en Santa María Coapan y Cuautilulco.
Los ecológicos, en La Venta, Santo Domingo Huehuetlán, Mazapiltepec, Acoculco, Cruz Colorada, Terrerillos, San Luis Atexcac y Jalapasco de Barrientos. Los de infraestructura están en Adolfo López Mateos, San Antonio Cañada, Huitlalotla y San Bartolomé Hueyapan. De vocación turística en Jaltepec, San Vicente, Agua Dulce, Xonocuautla y Atzalan; sin embargo, se le preguntó a González Patiño por qué en Puebla no ocurre esa inclusión de los ejidatarios a los proyectos de infraestructura y desarrollo, como La Célula y los arcos norte y surponiente, entre otros, lo que ha originado conflictos sociales.
“Ese es el llamado que hacemos a los ejidatarios; ellos traen a sus abogados particulares –tienen todo el derecho de hacerlo, como el de no invitarnos–, pero como autoridad estamos en la mejor disposición de asesorarlos y ayudarlos. Debemos hacerlo porque hay acuerdos que sin nuestra presencia son nulos, pero respetando su libertad y la de los negociadores”, respondió.
En ese sentido señaló que los realizadores de los proyectos –ya sea el gobierno o particulares– deben ofrecer un “pago justo” por las tierras ejidales; es decir, precios sujetos a los valores de mercado que son más elevados que los catastrales. El ejido no es más barato que la propiedad privada, y con base en avalúos de instituciones financieras puede determinarse un “pago justo”.
Lamentó que en el caso de Angelópolis éste hubiera sido bueno que caminara junto con los dueños de esa tierra.
